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Augusto Ocampo Camacho, el hombre encargado de denunciar los hechos de corrupción en la Alcaldía de Ibagué, pasó rápidamente de investigador a investigado.
El autodenominado ‘zar anticorrupción’ tendrá que responder en la Fiscalía y en la Procuraduría General de la Nación por las irregularidades detectadas en el polémico contrato de prestación de servicios que le adjudicó la Personería de Ibagué, durante la administración del expersonero Juan Felipe Arbeláez.
Como lo denunció EL OLFATO, en el artículo: ‘Los favores para el zar anticorrupción’, Augusto Ocampo no solo fue contratado por Alcaldía de Ibagué, por $78’166.667, sino que también resultó favorecido con otro contrato en la Personería, por $19’200.000, para que prestara sus servicios “en el área del derecho administrativo”. (Ver: Los favores para el zar anticorrupción de Ibagué)
Pues este último contrato -del que nadie sabía hasta la publicación de la nota periodística- tiene ahora en problemas a Ocampo y al expersonero Arbeláez. (Ver: Contrato del ‘Zar anticorrupción’ en la Alcaldía de Ibagué)
Tras la denuncia hecha por este medio de comunicación, la Contraloría de Ibagué investigó el contrato 050, celebrado el 26 enero de este año, entre el ‘zar anticorrupción’ y la Personería de Ibagué, y detectó serias inconsistencias que fueron puestas en conocimiento de las autoridades.
Lo contrataron pese a no tener la especialización requerida
La irregularidad más protuberante detectada por la Contraloría es que el expersonero Juan Felipe Arbeláez contrató a Augusto Ocampo para que ofreciera sus servicios como especialista en “derecho administrativo” sin que contara con los estudios de posgrado requeridos en el proceso. (Ver: Personero de Ibagué denuncia que figura del ‘zar anticorrupción’ es ilegal)
En los estudios previos y en el objeto del contrato dice claramente que la necesidad es: “Contratar la prestación de servicios de un profesional especializado en el área del derecho administrativo para que asesore la dirección administrativa y financiera de la personería de Ibagué durante la vigencia 2018”.
Pues Ocampo no acreditó su especialidad en Derecho administrativo, sino que habría recibido el título de especialista en Investigación criminal, en la Escuela General Santander de la Policía Nacional. (Ver: Contrato del ‘Zar anticorrupción’ en la Personería de Ibagué)
La Contraloría Municipal solicitó esta institución que certificara la “validez de estudios presentados en el contrato 050/2018”, pero no ha respondido.
Así quisieron minimizar la irregularidad
Al detectar la inconsistencia, el expersonero Arbeláez y el autodenominado ‘zar anticorrupción’ firmaron un “acta aclaratoria” con la que intentaron modificar el objeto del contrato de prestación de servicios 050 de 2018. (Ver: Contrato del zar Anticorrupción en la Personería ya fue denunciado ante Procuraduría y Contraloría)
En el documento aseguran que el requisito de especialista en Derecho administrativo, fue un “error humano involuntario” y que la entidad necesitaba era un “abogado especializado” en cualquier área.
“Se presentó un error humano involuntario en la digitación del objeto, dado que los servicios requeridos pueden ser presentados por un ABOGADO ESPECIALIZADO, más no es imperativo para la entidad que el área de la especialización del contratista sea exclusiva del campo del derecho administrativo”, dice el acta. (Ver: Acta de la Personería de Ibagué)
Llama la atención que el contrato y la sospechosa “acta aclaratoria” se suscribieron el mismo día, el viernes 26 de enero de 2018. Al parecer había premura, y todo se tenía que firmar ese día, porque el 27 empezaba a regir la ley de garantías electorales.
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Abogados expertos en derecho administrativo consultados por esta redacción sostienen que es “abiertamente irregular el procedimiento adelantado en la Personería de Ibagué, puesto que el objeto del contrato no se puede modificar simplemente con un acta aclaratoria, sobre todo cuando el mismo coincide con el establecido en los estudios previos. Ahí no hubo un error humano, desde los estudios previos se advirtió que requerían un especialista en Derecho administrativo”.
Es más, las obligaciones establecidas en el contrato también son para un especialista en Derecho administrativo y no para un abogado experto en investigación criminal.
Las tareas de Ocampo en la Personería de Ibagué fueron, entre otras: “Asesorar jurídicamente a la entidad en asuntos administrativos para el desarrollo y gestión de sus actividades misionales, proyectar respuestas para los requerimientos allegados a la dirección administrativa y financiera, y brindar acompañamiento jurídico a las actuaciones administrativas adelantadas por la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad”.
Inexactitud en la hoja de vida de la función pública
La Contraloría de Ibagué también detectó inexactitud en la información entregada por el contratista Augusto Ocampo en la hoja de vida de la Función Pública.
Según el documento, Ocampo cursó su especialización en investigación criminal durante 10 semestres en la Escuela General Santander y obtuvo su título en el año 2001.
Estos datos son diferentes a los presentados en los soportes que están en la carpeta del contrato. “Se verificó en la fotocopia allegada de la especialización en Investigación criminal que la misma tiene fecha de terminación en el año 2003 no en el año 2001, como lo establece el formato de la Función Pública” y la especialización es de dos semestres no de 10, “contrariando igualmente la información suministrada en el formulario único de la hoja de vida del contratista”.
“Desconozco el documento oficial”
Al respecto, Ocampo afirmó que desconoce el informe de la Contraloría Municipal, razón por la que “sería irresponsable pronunciarse” sobre el tema.
“Precisamente para poder emitir algún juicio sobre el asunto radiqué formalmente ante la Contraloría un derecho de petición”, dijo el ’zar anticorrupción’.
“Apenas me entreguen la respuesta puedo hacer los comentarios a que haya lugar”, concluyó.
