El sector de la vigilancia privada en Colombia ha tenido una dinámica interesante durante los últimos años. La existencia de una demanda cada vez más extendida de servicios privados con fines de seguridad ha generado la expansión en el sector.
En la actualidad el número de empresas vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es de 587, con ingresos superiores a los $7.5 billones, que equivalen a un punto del PIB Nacional, generando más de 250.000 empleos directos.
En el Tolima actualmente 60 empresas de vigilancia privada prestan sus servicios de las cuales 12 son Ibaguereñas y 48 son foráneas que funcionan como sucursales o agencias, lo que ha generado una difícil situación económica para las compañías locales, muchas de las cuales se encuentran estancadas.
De las 35 entidades públicas del orden nacional que funcionan en nuestro departamento, cuyos presupuestos anuales para el servicio de vigilancia privada superan los $15.000 millones, el 98% tienen contratadas empresas foráneas, principalmente de Bogotá, y tan solo dos porciento de empresas de la región. Dicha situación obedece a que las licitaciones públicas realizadas para contratar estos servicios son para todo el país, dejando sin posibilidad de participación a las compañías de la región. El Sena, Banco de la República, Esap, Icetex, Igac, Dian, Procuraduría Regional, Contraloría General, Oficina de instrumentos Públicos, son algunos ejemplos.
Para el nivel departamental y municipal entidades públicas como la Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Hospital San Francisco, Infibagué, Cortolima, Fabrica de Licores del Tolima, Ibal, entre muchas otras, han optado por establecer en los pliegos de las licitaciones requisitos y condiciones habilitantes de orden técnico y financiero tan elevados y en ocasiones exorbitantes que terminan excluyendo las empresas tolimenses, dejando el mercado a merced de compañías forasteras que se han convertido en grandes pulpos monopolizando el mercado de la seguridad privada.
El denominado “Cartel de la Seguridad” descubierto y sancionado por la Superintendencia de industria y Comercio con multa superior a los $26.000 millones por manipulación de procesos de contratación estatal es una fiel prueba de ello. En el Tolima una de las compañías sancionadas (Starcoop) continúa, sin ningún contratiempo, prestando sus servicios a una entidad pública (Icbf) que se agrega a todas las demás que cerraron las puertas a las empresas de vigilancia de la región.
Sumado a lo anterior, las grandes superficies, hipermercados y Centros Comerciales que funcionan en Ibagué como Acqua, La Estación, Multicentro, Metro, Éxito, Home Center, Makro, quienes a pesar de recibir o haber recibido exenciones tributarias del orden municipal, tienen contratadas compañías de vigilancia diferentes a las de nuestra ciudad.
Este panorama desolador toma relevancia a propósito de la campaña “Yo también creo en Ibagué” impulsada por la Cámara de Comercio mediante la cual se busca destacar los atributos, fortalezas y ventajas competitivas de Ibagué, buscando generar ese sentido de pertenencia que tanta falta nos hace.
Apoyar en serio y no desde el discurso nuestras empresas es uno de los pilares para reactivar la economía local. No se nos olvide que son estas compañías las pagan impuestos y contribuciones en Ibagué, son ellas quienes cancelan predial unificado, sobretasa ambiental, industria y comercio, avisos y tableros, afilian sus empleados a las Cajas de Compensación de la región, compran aquí sus insumos y dotaciones y los más importante generan empleo en una de las ciudades con la mas alta tasa de desempleo (13.2%).
