Hace 26 años publiqué en La Patria un artículo sobre los grandes daños del contrabando a la producción nacional, en el que resalté la complicidad de las autoridades con el ilícito. En 2000, en mi libro www.neoliberalismo.com.co, denuncié que César Gaviria –cuyo ministro de Comercio Exterior fue Juan Manuel Santos–, ¡despenalizó el contrabando! (Decreto 1750 de 1991), y eso que la Andi advirtió que la apertura lo facilitaría, como en efecto ocurrió. El 2 de abril de 2013, en la Comisión Quinta del Senado, el director de la Dian no se atrevió refutar nuestros reclamos sobre la responsabilidad del gobierno en el ingreso ilegal al país de más de 300 mil toneladas de arroz –¡diez mil tractomulas que ningún funcionario alcanzó a ver! Y eso que en 1997 había vuelto a penalizarse. Y se sabe que los 7.146 millones de dólares anuales de contrabando que, según la Dian, entran al país, lo hacen con la alcahuetería del actual gobierno.
Se requiere entonces demasiado cinismo para que Juan Manuel Santos y Doña Cecilia Álvarez se presenten como adalides de la lucha contra el contrabando cuando apenas legislaron en su contra luego de cinco años de gobierno y mediante una ley que no persigue como debiera a los grandes contrabandistas pero sí maltrata a los pequeños comerciantes. Imposible además creerles su autoproclamado amor por el agro y la industria cuando llevan 25 años promoviendo el libre comercio, que destruye la producción y el trabajo en el país. Y estas verdades no podrán taparlas con unas calumnias tan desproporcionadas en contra mía que los dejan en ridículo.
Veamos por qué fue el Polo el único partido que en el Senado no aprobó la mal llamada ley anticontrabando y por qué hemos respaldado los justos y multitudinarios reclamos de los comerciantes colombianos.
El primer proyecto de ley que presentó el gobierno –en mayo de 2103– se centraba en el contrabando técnico, al que la Dian culpa del 90 por ciento del total de este ilícito que suele ser realizado por muy poderosos delincuentes de cuello blanco, que en nada se parecen a los pequeños comerciantes. El proyecto mencionaba 27 veces la expresión contrabando técnico y resaltaba la importancia de tipificarlo como un delito autónomo.
Pero el proyecto no surtió ni el primer debate y los ministros lo reemplazaron por otro, que fue el que se aprobó, pero con diferencias escandalosas: no creó el delito de contrabando técnico y eliminó otras normas redactadas en su contra. La expresión pasó de 27 menciones a ninguna y el gobierno no explicó por qué dichos cambios. Y no pudo ser por la opinión de los comerciantes menores que Santos-Cárdenas-Álvarez esfumaron el contrabando técnico, porque a ellos no se les consultó ninguno de los dos proyectos. ¿Santos y sus ministros se atreverán a contar qué gran poder los indujo a semejante voltereta?
En relación con las penas de cárcel, que se duplican, incluso para quienes sean capturados con unas pocas mercancías que resultan ser de contrabando pero que no introducen ellos al país, el profesor Jorge Iván González señala que “mantiene el populismo punitivo, que sigue fracasando en Colombia” porque las “mayores penas no se reflejan necesariamente en una disminución del delito”, pero sí les dan más poder a los policías corruptos que extorsionan a los comerciantes menores. Y con este populismo al servicio de la demagogia oficial también ocultan que el pequeño contrabando debe ser atendido como un fenómeno social vinculado al desempleo, la pobreza y la economía del rebusque, en especial en las zonas de frontera.
A los reclamos contra la ley se suma que normas anteriores empujan al contrabando a los pequeños importadores porque inducen a que solo puedan importar legalmente los monopolios, a los que además les facilitan el contrabando técnico. Por ejemplo, mientras que a los pequeños importadores les presumen no la legalidad sino la ilegalidad, y los atropellan de mil maneras, a los mayores les garantizan tanto que la Dian no les revisa ni sus facturas ni sus instalaciones, tan intocables que cabe la ironía de que en ellas aspira a esconderse el Chapo Guzmán. El contrabando no se ataca con medidas que no solo lo alcahuetean, sino que inducen también a la corrupción y mantienen o aumentan el monopolio de las trasnacionales de las importaciones legales e ilegales contra los pequeños comerciantes colombianos.
