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Sorpresivamente apareció en Ibagué el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos, para advertirles al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a los 19 concejales de la ciudad que iniciará acciones legales y disciplinarias en contra de ellos si siguen adelante con la consulta popular minera.
Bustos afirmó que las autoridades locales están desatendiendo las advertencias que ha hecho de manera reiterada la Procuraduría General de la Nación y que realizar esa convocatoria es un “alcaldada” de Guillermo Alfonso Jaramillo, de quien dijo “está mal asesorado o es mal intencionado”.
El veedor ciudadano le recomendó a la Alcaldía de Ibagué emplear los $10.000 millones que costaría la consulta popular en la solución de los problemas de suministro de agua que enfrenta la ciudad.
Aseguró que el alcalde de Ibagué es “médico y no abogado” y que está “tratando de defraudar a la ciudadanía, haciéndole una convocatoria para un tema que es abiertamente ilegal”.
Este inesperado pronunciamiento se suma a las declaraciones que han entregado, en las últimas dos semanas, el procurador Ambiental y Agrario del Tolima, Ernesto Cardoso, y el representante a la cámara José Elver Hernández, quienes también se han opuesto públicamente a la consulta popular en contra de la megaminería en Ibagué. (Ver: Congresista conservador se opone a la consulta popular minera en Ibagué)
Para los integrantes del Comité Ambiental del Tolima, detrás de estos pronunciamientos estaría la multinacional AngloGold Ashanti.
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“Parece una estrategia mediática muy clara de AngloGold Ashanti. Están mandando, cada semana, a alguien para que hable en contra de la consulta popular minera. Lo que buscan es intimidar al Concejo y a la Alcaldía, pero no lo van a lograr”, dijo César Riaño, uno de los voceros del Comité Ambiental del Tolima.
Por su parte, la compañía AngloGold Ashanti negó estar detrás de la visita al veedor Pablo Bustos a la cuidad de Ibagué.
El fallo de la Corte Constitucional aún no se conoce: Bustos
Sobre el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional en materia de minería, Pablo Bustos expresó que el fallo aún no se conoce y, en lo que se sabe hasta el momento, solo se habría referido a las competencias que tienen las Corporaciones Ambientales Regionales (CAR), pero nada más.
Para él, esa “escabrosa consulta” está siendo promovida por una “nueva dictadura de corte seudodemocrática» liderada por el alcalde Jaramillo, a quien también le cuestionó haber posesionado como gerente del Ibal al ingeniero Alberto Girón, inhabilitado por una sanción impuesta por la Contraloría Departamental del Tolima.
