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Por un trámite de orden administrativo, la Policía de Tránsito de Ibagué no puede imponer ningún comparendo sancionatorio por estos días.
Resulta que la Alcaldía de Ibagué y la Dirección General de Policía Nacional no han renovado el convenio que periódicamente suscriben entre las partes para la regulación de la movilidad en la ciudad.
El nuevo convenio, que tiene un costo de $120 millones mensuales e irá hasta el 31 de diciembre de 2017, aún está sin legalizar. «Nosotros lo enviamos (el convenio) hace más de un mes, pero tienen muchos convenios más en revisión y hay problemas con algunos municipios», dijo un funcionario de la Alcaldía de Ibagué a ELOLFATO.COM.
Entre tanto, el secretario de Tránsito de Ibagué, Hernán Silva, reconoció que en este momento no existe convenio con la Policía Nacional pero aseguró que este trámite estará legalizado esta misma semana.
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Tanto la administración local como la Policía Metropolitana de Ibagué han preferido manejar con discreción esta información, que sin lugar a dudas afecta de la movilidad y la seguridad vial en el municipio.
¿Promesa incumplida?
A propósito del convenio con la Policía Metropolitana de Ibagué, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo prometió -desde mayo de 2016- que su administración una nueva unidad de agentes civiles de Tránsito. (Ver: Ibagué cambiará a la Policía de Tránsito por agentes contratados por el Municipio)
De acuerdo Jaramillo, la administración contrataría inicialmente 100 agentes en la fase inicial, pero todo indica que fue otro de sus anuncios incumplidos porque hasta la fecha esta iniciativa no tiene ningún avance.
