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El Tribunal Administrativo del Tolima entregó el aval de constitucionalidad a la pregunta que se formulará en la consulta popular minera de Cajamarca, municipio en el cual la multinacional AngloGold Ashanti pretende desarrollar el megaproyecto La Colosa.
De acuerdo con el fallo emitido por el Tribunal, la pregunta que será puesta a consideración de los cajamarcunos está ajustada a la ley, toda vez interroga a los habitantes de Cajamarca sobre si están de acuerdo o no con que en dicho municipio se desarrollen proyecto mineros que afecten la vocación agrícola. (Ver fallo)
«Declárese ajustado a la Constitución el mecanismo de participación de origen ciudadano denominado ‘Consulta Popular sobre Minería en Cajamarca’, junto con el texto de la pregunta que se pretende someter a consideración: ¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación tradicional agropecuaria del municipio, con motivos de proyectos de naturaleza minera?», resuelve el Tribunal.
Así pues, esta decisión será notificada al alcalde de Cajamarca, William Poveda; al presidente del Concejo Municipal, Camilo Andrés Padilla; y a la Registraduría para que se defina una fecha y se convoque a los cajamarcunos a las urnas. (Ver: Atención: Concejo de Cajamarca aprobó la consulta popular minera)
De tal manera, en el momento en que se realicen las notificaciones, la Registraduría tendrá un plazo de un mes para organizar la consulta popular. No obstante, para que los resultados de dicha iniciativa tenga validez se necesitan más de 5.300 votos, lo correspondiente a la tercera parte del censo electoral de Cajamarca. (Ver: La mentira del Alcalde de Cajamarca sobre los recursos de la consulta minera)
«No es sugestiva (la pregunta), porque se pone de presente el escenario sobre el cual se ejerce actividades minera, dando la opción a los electores de contestar con un Sí o con un No. No induce en error a la ciudadanía (…) No es imprecisa, porque define las circunstancias en que se desarrolla proyectos de naturaleza minera, y que pueden implicar contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación agropecuaria del municipio«, dice el fallo del Tribunal.
Estado debe concertar con los municipios
Según el Tribunal Administrativo del Tolima, en el país existe una discusión jurídica con respecto a quiénes tienen la posibilidad de decidir sobre el uso del subsuelo, pero las recientes decisiones del Consejo de Estado y la Corte Constitucional han resuelto que tanto el Estado como los entes territoriales deben concertar sobre temas mineros. (Ver: Municipios sí pueden decidir sobre el uso del subsuelo: Corte Constitucional)
«No es procedente cercenar de forma absoluta la participación de las entidades territoriales en tratándose de estos temas, sino que por el contrario se debe garantizar la concertación entre estos y las entidades nacionales«, señala el fallo del Tribunal.
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Por este motivo, el Tribunal considera que la posibilidad de realizar una consulta popular en los municipios es una oportunidad para que los entes territoriales decidan sobre los usos del subsuelo. (Ver: AngloGold Ashanti asegura que consulta minera de Cajamarca “no aplica” para ellos)
«En la actualidad no existe prohibición legal para las entidades territoriales en poder participar de forma activa sobre asuntos de carácter minero dentro de su territorio, siendo viable que tanto los mandatarios locales como la ciudadanía, puedan ser promotores de iniciativas de participación ciudadanía, como lo es, precisamente la promoción de consultas populares«, se lee en el fallo.
Promotores y opositores
Para apoyar la constitucionalidad de la consulta popular minera de Cajamarca, el Tribunal Administrativo del Tolima señala que organizaciones como Dejusticia, «Tierra digna»; congresistas como Iván Cepeda, Angélica Lozano y Claudia López; y el exministro de Minas de Ecuador, Alberto Acosta, fueron solo algunos de los que presentaron conceptos favorables sobre la legalidad de dicha iniciativa democrática. (Ver: Las advertencias del exministro de Minas ecuatoriano sobre la minería en Cajamarca)
«Aducen, que si bien Cajamarca es un municipio con vocación agrícola, actualmente hay 25 títulos mineros vigentes sobre el Municipio que abarcan el 86 % de su territorio y 8 solicitudes pendientes, lo que implica que en cualquier momento los concesionarios puedan iniciar actividades de exploración y luego, tras obtener la licencia ambiental, puedan dar inicio a la explotación de minerales«, dice el Tribunal.
Asimismo, entre quienes presentaron conceptos en contra de la consulta popular de Cajamarca se encuentran el Grupo de Asesores en Minas, Hidrocarburos y Regalías de la Procuraduría General de la Nación; el Ministerio de Mindas y Energía; la Asociación Colombiana de Minería; y, por supuesto, la multinacional AngloGold Ashanti. (Ver: La estrategia de AngloGold en contra de las consultas populares de Ibagué y Cajamarca)
