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La Contraloría Departamental halló irregularidades en contratos que ejecutaron la Gobernación y la Universidad del Tolima por la compra de unos softwares, anomalías que sumarían cerca de $500 millones.
Por el lado de la Universidad del Tolima, se trata de un contrato ejecutado en 2014 con la Universidad de Pamplona para la actualización del Software Gestasoft, el cual se encargaría del manejo de información a través de los módulos de contratación, presupuesto, talento humano, contabilidad, facturación, entre otras funciones.
Sin embargo, según reveló la Contraloría en su informe, solo se manejó la plataforma de prueba, ya que en ningún momento fue posible su ajuste, por lo que este software no pudo entrar en funcionamiento.
Lo irregular de este asunto es que a pesar de que nunca se puso en marcha, la Universidad sí desembolsó por medio de tres pagos más de $231 millones.
“Revisados y evaluados los soportes del contrato No. 0131 de 2014 se pudo establecer que los fines del contrato no se cumplieron al no haberse ejecutado apropiadamente las actividades contractuales, producto de una ineficiente planeación y seguimiento por parte de las personas que intervinieron en la ejecución del mismo, que con su actuar omisivo desplegaron una inadecuada gestión fiscal en el manejo y cuidado de los recursos públicos, no atendiendo los principios de economía, eficacia y transparencia, al haberse cancelado la suma de $231 millones sin que la Universidad de Pamplona hubiese cumplido con las obligaciones contractuales adecuadamente”, dice el documento emitido por la Contraloría.
Añadiendo que “fueron recibidas, viabilizadas y canceladas sin cumplir con la finalidad del objeto contractual por parte de la Universidad del Tolima, desplegando una gestión antieconómica que conllevó a que ocasionara con ello un presunto detrimento patrimonial”.
Ante esto, se le solicitó a la UT que en un plazo de 15 días remita un plan con el cual se puedan tomar acciones correctivas para estos hallazgos fiscales avaluados en más de $231 millones.
¿Cuál fue la irregularidad en la Gobernación?
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Se trata de un contrato que hizo la administración departamental en el año 2012 con la entidad Consultores Asociados en Seguridad Social para adquirir un servicio que les permitiera fortalecer los procesos en el Fondo Territorial de Pensiones.
En este caso, fueron consignados por parte de la administración departamental $270 millones, un pago que también es considerado por el órgano de control fiscal como presunto detrimento patrimonial.
Y es que sucedió algo similar con el software contratado por la UT, pues en los hallazgos fiscales se encontró que no era idóneo y no podía cumplir las funciones para las cuales había sido adquirido. No obstante, se hizo el millonario desembolso.
Por tanto, la Contraloría concluyó que existió una “ineficiente planeación y seguimiento por parte de las personas que intervinieron en la ejecución del mismo”, por lo que se espera que también se apliquen las medidas correctivas para saldar estos millonarios hallazgos.
