El próximo 4 de julio conmemoramos los colombianos una fecha muy especial. Hace 25 años se promulgó nuestra actual Constitución Política, considerada como el gran pacto de paz entre los colombianos. Todavía recuerdo estar sentado frente al televisor viendo cómo Horacio Serpa, Álvaro Gómez y Antonio Navarro sellaban ese pacto de garantías por la paz y ver la cara de esperanza de las personas mayores que se ilusionaban con un país que iba a dejar atrás esas dolorosas épocas de guerra.
Desde la oportunidad que cada Constituyente tuvo para plantear su visión de lo que debía ser la nueva Constitución, se pudo vislumbrar el anhelo de un país en paz y de que la Carta Magna tuviera como uno de sus ejes principales no solo la ausencia de conflicto, sino el respeto por los derechos humanos.
Ese anhelo de paz no lo hemos podido materializar y procesos como el desarrollado en La Habana con las FARC y el recientemente anunciado con el ELN nos devuelven la esperanza de tener un país en paz.
Pero esa paz que buscamos y que tanto anhelamos los colombianos no se limita al silenciamiento de unos fusiles por parte de quienes los han portado de manera ilegal, sino de poder garantizar el goce pleno de derechos de todos los que habitamos este territorio.
La Constitución de 1991 puso la paz como un valor, como un principio, como un derecho fundamental y colectivo, como un deber, como un objetivo primordial del Estado colombiano. En ese sentido, desarrolló una serie de mecanismos que permiten la reintegración de grupos armados al margen de la ley a la vida política, social y económica. Las circunscripciones especiales de paz, desarrolladas en el artículo 12 transitorio de la Constitución buscaban, desde aquel entonces, que aquellos grupos guerrilleros vinculados a un proceso de paz pudieran tener una representación en el Congreso de la República, con el fin de generar garantías de participación política a quienes estuvieran comprometidos con dejar las armas.
De igual manera, la propia Carta constitucional autorizaba al Gobierno Nacional a conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporaran a la vida civil.
Terminar el conflicto armado interno para empezar la construcción de paz ha sido un anhelo constante de los colombianos y la búsqueda de esa fórmula ha sido descrita en muchas ocasiones. Quiero rescatar un aparte de la sentencia C-296 de 1995 de la Corte Constitucional que estableció que: “Una sociedad que centre sus esperanzas de convivencia pacífica en los métodos de disuasión por medio de las armas de fuego es una sociedad fundada en un pacto frágil y deleznable. Las relaciones intersubjetivas estarían construidas en el temor y la desconfianza recíprocas, de tal manera que la ausencia de cooperación, entendimiento y confianza como bases del progreso social serían un obstáculo insalvable para el crecimiento individual y colectivo”.
Definitivamente lo que está ocurriendo en La Habana es un momento histórico que no podemos desaprovechar, por constituirse en un hecho fundamental para liberarnos del obstáculo que nos ha estorbado por más de 50 años y por poder fortalecer de manera efectiva ese pacto de paz que construimos hace 25 años.
La Constitución de 1991 es una caja de herramientas que permite garantizar la construcción de un país distinto, de un país en paz. Un país donde las brechas entre el campo y la ciudad sean cada vez menores, donde los derechos estén garantizados en igualdad de condiciones para todos los colombianos, donde las distintas voces y tendencias políticas tengan una oportunidad de proponer su visión de país y, definitivamente, la oportunidad para eliminar el obstáculo del conflicto armado interno.
¡Qué interesante sería celebrar estos 25 años con un pacto que selle el fin del conflicto con las FARC!
