Se han barajado dos hipótesis sobre la visita del gobernador a la Zona Veredal de Planadas, en donde se reunió con los comandantes, y antiguos enemigos militares, “Wilson” y “Donald”, del Frente 21 de las Farc. La primera es la del “perrero”, la segunda es la de los recursos. Mi hipótesis es que el barretismo no descarta una alianza electoral.
La hipótesis del “perrero” sostiene que el nuevo timonazo de Barreto frente al proceso de paz, responde al “cambio radical” de sus relaciones políticas dirigido desde la Fiscalía.
De acuerdo con esta hipótesis, Emilio Martínez Rosales, jefe de Cambio Radical en el Tolima, intercedió ante Néstor Humberto Martínez para que Barreto saliera relativamente bien librado del proceso por el que resultó detenido el exgobernador Fernando Osorio.
La llegada de Cambio Radical a la burocracia departamental, el apoyo a la gestión de sus alcaldes, con quienes Barreto ahora se reúne frecuentemente, y las rondas públicas con la Senadora de ese partido, Rosmery Martínez Rosales, serían parte del “costo político” por la intermediación de Emilio.
Aunque sí es posible afirmar que las relaciones del gobernador con Cambio Radical son otras, posiblemente gracias a un acuerdo con los Martínez, es muy difícil extender la hipótesis al proceso de paz, dado que el mismo apoyo de Germán Vargas Lleras, jefe supremo de ese partido – y del Fiscal -, ha sido esquivo.
La hipótesis de los recursos es más confiable, pero carece de poder explicativo. Se sostiene que el interés de Barreto está en ejecutar la chequera del posconflicto, amarrada desde el Gobierno Nacional a su apoyo incondicional a la implementación.
El argumento es que el gobernador está desesperado por el estancamiento de su ejecutoria, que en el sur dependerá en buena parte del “Contrato Paz” tasado en $900 mil millones de los cuales, el 70 por ciento son del gobierno nacional.
Aunque no se puede descartar esta hipótesis, el punto es que pierde de vista la política, por lo menos en tres sentidos:
- el costo de (y lo que significa) apartarse del Centro Democrático, del ex presidente Uribe y de sus aliados en el Tolima: Henry Escobar y Carlos García Orjuela, entre otros;
- el institucional, por lo que tiene que pasar para que los vehículos de la implementación en el territorio – “Contrato Paz” y “Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial”, PDET – se ejecuten de manera exitosa, independientemente de que exista disponibilidad de recursos;
- y el mapa electoral, de cara a las legislativas del 2018, con circunscripciones especiales a bordo y las curules de Cámara y Senado que le corresponden al nuevo movimiento político de las Farc.
El asunto es que es muy factible que los liberales y el Partido de la U (del lado de Jaime Yepes), que han respaldado el proceso de paz desde la Unidad Nacional, busquen un acuerdo con las Farc en el Tolima arropados por la tesis del “gobierno de transición”, lo cual no le conviene a Barreto.
El punto es a quién le pone los votos para la lista de Cámara y Senado la guerrilla, y quién se los asegura a ella para la Circunscripción Especial o, de otra manera, ¿Con qué sector puede resultar más eficiente una alianza sobre la base de que se acelere la implementación del acuerdo de paz en el territorio?
Quienes presenciaron la reunión del pasado lunes en Planadas, escucharon a un gobernador muy interesado en ayudar a la guerrilla frente el incumplimiento del gobierno nacional.
