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En medio de la crisis por la que atraviesan las instituciones de educación superior públicas del país por la falta de presupuesto, la Universidad del Tolima recibió una buena noticia.
El Tribunal Administrativo del Departamento, a través de un fallo de tutela, le ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que disponga más recursos para el alma mater en el Presupuesto General de la Nación, a partir del 2020.
De acuerdo con el magistrado ponente, dichas erogaciones presupuestales son necesarias para dar el debido cumplimiento de la prestación del servicio de educación superior.
La decisión del Tribunal se dio luego de que un grupo de estudiantes de la UT interpusiera una acción de tutela para que, en primera medida, les fueran amparados sus derechos a la educación, dignidad humana e igualdad.
Asimismo, los alumnos solicitaron que se asignaran de manera inmediata los recursos suficientes a la Universidad Pública para la eliminación del déficit y para que se pudiera culminar satisfactoriamente el presente semestre académico.
Las peticiones fueron analizadas por el Tribunal Administrativo del Departamento, entidad que consideró que «la situación financiera actual de la educación se encuentra en curva descendente, por no decir en picada, situación que interfiere con el pleno desarrollo del derecho fundamental a la educación». (Ver: fallo)
Por tanto, pese a que el Ministerio de Hacienda y de Educación indicaron que la tutela no era el medio idóneo ni eficaz para controvertir las directrices del Gobierno Nacional en materia del gasto público, el magistrado ponente falló en favor de los estudiantes.
«El servicio y derecho fundamental a la educación necesita del funcionamiento integral y sistemático de los componentes de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que como bien se dijo generan la calidad y eficiencia en la prestación del servicio y el cumplimiento de la obligación contenida en la constitución, bloque de constitucionalidad y la normativa dispuesta para la educación», dice el fallo.
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Y es que, de acuerdo con el Tribunal, para garantizar una educación de calidad es necesario que las universidades públicas tengan la capacidad de acoger a toda la población que quiera ingresar a las mismas, así como contar con buenas instalaciones físicas y el capital humano suficiente para asegurar la prestación del servicio, aspectos que no pueden ser cumplidos a cabalidad con poco presupuesto.
«Se ordenará al ejecutivo y al legislativo que para que en las próximas vigencias fiscales, la erogación presupuestal en aplicación del principio de progresividad conlleve a la aplicación de fórmulas diferentes a la aplicación solitaria del I.P.C., a los montos de la anualidad inmediatamente anterior, lo cual deberá conllevar a la progresividad de las erogaciones presupuestales reales con la finalidad de dar el debido cumplimiento de la progresividad en la educación», señala el documento.
Déficit de la UT
En menos de dos años, la Universidad del Tolima logró reducir su déficit de funcionamiento en $15.300 millones, al pasar de $24.000 millones en 2016 a $8.700 en el 2017.
Sin embargo, esa cifra no podrá disminuir más porque se afectarían ejes misionales para la universidad, los cuales son vitales para su óptimo funcionamiento y la calidad educativa que les brindan a sus cerca de 20.000 estudiantes.
De hecho, las proyecciones financieras del Alma Máter calculan que podrían cerrar este año con un déficit de $11.500 millones, los cualescorresponden a gastos obligatorios que permiten garantizar el funcionamiento adecuado de la institución de educación superior más importante del Tolima.
