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El Tribunal Administrativo del Tolima no aceptó las objeciones que presentó el gobernador Óscar Barreto al Acuerdo que aprobó el Concejo de Ibagué, el pasado mes de febrero, y en el que se autorizó un reajuste del 3 % en las tarifas del impuesto predial en la capital del departamento.
La decisión, adoptada este lunes, despeja las dudas que existían sobre la legalidad de este Acuerdo y, de paso, tranquiliza a miles de propietarios de inmuebles que pagaron sus facturas en el primer semestre del año.
“Declara infundadas las objeciones formuladas por el Gobernador del Departamento del Tolima contra el Acuerdo Nº 001 del 26 de febrero, emitido por el Concejo Municipal de Ibagué”, informa la página de la Rama Judicial. (Ver documento)
Sin embargo, el fallo aún no ha sido dado a conocer por el Tribunal Administrativo del Tolima porque se encuentra en etapa de notificación.
Recordemos que la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo se vio obligada a tramitar, de urgencia, un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para suspender los cobros exagerados del cobro del impuesto predial que generó la polémica actualización catastral que adelantó el Instituto Geográfico Agustín Cocodazzi, Igac.
Un grupo de líderes ciudadanos, encabezados por el abogado Wilson Leal Echeverri, y los concejales Camilo Delgado, William Rosas y Linda Perdomo, entre otros, estructuraron la iniciativa que contuvo el inconformismo ciudadano derivado de los reajustes desbordados que aplicó la Alcaldía de Ibagué. (Ver: Acuerdo 001 del 26 de febrero)
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La salida fue hacer un incremento general del 3 %, medida que fue celebrada por los más de 196 mil propietarios de inmuebles del Municipio. (Ver: Sancionan Acuerdo que tumbó exagerados cobros del impuesto predial en Ibagué)
Luego, el secretario de Hacienda de Ibagué, Juan Espinosa, actuando como Alcalde encargado, sancionó el Acuerdo 001 del 26 de febrero, y semanas después la Gobernación del Tolima presentó las objeciones que hizo el Departamento Jurídico. (Ver: Los argumentos jurídicos de la Gobernación del Tolima para objetar el Acuerdo que tumbó el alza del predial)
“Dentro del contenido del Acuerdo hay unos efectos de aplazamiento y suspensión de la actualización catastral llevada a cabo por el Igac, como es de conocimiento público, el Instituto es una entidad de orden nacional y no tendría competencia ni el honorable Concejo, ni el señor Alcalde para aplazar o suspender los efectos de dicha actualización ya que legalmente tiene otro trámite y está cubierto por otra facultad constitucional”, aseguró en su momento Dora Montaña, directora del Departamento Jurídico de la Gobernación del Tolima.
Ahora, solo resta conocer la sentencia del Tribunal Administrativo para conocer las consideraciones que tuvieron para desestimar las objeciones de la Gobernación del Tolima.
