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El Tribunal Administrativo del Tolima admitió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la sanción de nueve meses que impuso la Procuraduría General de la Nación a 15 concejales de Ibagué, que eligieron irregularmente a Ramiro Sánchez como Contralor Municipal.
Esta acción fue interpuesta por el cabildante Jorge Bolívar, quien calificó como injusta la decisión del Ministerio Público y aseguró que son cuatro los argumentos que planteó en su demanda. (Ver: Procuraduría confirma leve suspensión contra concejales de Ibagué)
El primero de ellos es un fallo que emitió el Consejo de Estado en el caso de Gustavo Petro, quien había sido sancionado por el exprocurador Alejandro Ordóñez, el cual señala que la Procuraduría no tiene la facultad para sancionar a servidores públicos en temas que no tengan que ver con corrupción.
«Nuestro caso no es un tema de corrupción, es de interpretación de la norma, por eso de acuerdo a esa sentencia, no lo pueden hacer. Esto está soportado también en la convención americana sobre derechos humanos», indicó Bolívar.
Asimismo, dijo que el segundo argumento es el derecho a la igualdad y seguridad jurídica. «Recordemos que el señor Ramíro Sánchez fue absuelto de toda responsabilidad, siendo él la persona sobre la que recaía la inhabilidad que presuntamente manifiesta la Procuraduría», acotó el concejal.
De igual manera, señaló que el tercer argumento es la violación al derecho a la defensa, por el salvamento de voto.
«El mismo presidente de la sala disciplinaria de la Procuraduría manifiesta que al momento de la elección del Contralor no existía inhabilidad porque ni siquiera había pronunciamiento del Consejo de Estado sobre lo que tiene que ver con el acto legislativo 02 del 2015», sostuvo el cabildante.
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Finalmente, dijo que el último argumento que planteó en su demanda es la exclusión de la responsabilidad disciplinaria, sobre el tema que tiene que ver con error invencible, porque al momento de llevar a cabo la elección se demostró que no hubo tiempo para consultar a diferentes entes de control, pues se tenía que elegir al Contralor en los primeros 10 días.
«Continuamos con nuestra defensa jurídica. Vamos por buen camino, ahora se notificará a las partes y comenzarán las audiencias. Esperamos tener un resultado final positivo. Es de gran alivio de la demanda cumpla los requisitos de admisibilidad y que pase a juez de la República a dirimir este conflicto», concluyó Bolívar.
Entre tanto, los concejales de Ibagué enfrentan también una investigación por la elección, presuntamente irregular, de Julián Prada como Personero de Ibagué. Este proceso en el Ministerio Público podría arrojar resultados en los próximos días. (Ver: Concejo de Ibagué debió verificar las inhabilidades antes de elegir Personero: Consejo de Estado)
Asimismo, se encuentran inmersos en un proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de prevaricato. (Ver: Fiscalía investiga a concejales de Ibagué por el delito de prevaricato)
