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La inminente reestructuración de la Universidad del Tolima tiene a funcionarios, profesores y directivos de la UT con los nervios de punta. El hecho más reciente tiene que ver con el traslado de la información de los empleados (hojas de vida) de la sede central, en el barrio Santa Elena, a la sede del centro, en el edificio Los Ocobos.
A través de mensajes anónimos compartidos por WhatsApp, ha circulado la versión según la cual el traslado de las hojas de vida obedece a un procedimiento irregular para que funcionarios de la Universidad del Valle, en conjunto con un equipo de la Gobernación del Tolima, «descabecen» a los funcionarios que no «clasificarán» en la reforma administrativa.
Como ha conocido la opinión pública tolimense, el estudio técnico de la Universidad del Valle fue contratado por la Gobernación del Tolima para tener una mirada externa a la crisis de la UT y a sus posibles rutas de solución, lo cual compromete una reestructuración académico-administrativa del alma mater (Ver: Universidad del Tolima ahorrará $5.800 millones suprimiendo más de 60 cargos)
Tal parece que algunos sindicatos dieron crédito a la versión de los anónimos y decidieron «empapelar» la entrada de la universidad y la oficina de personal, exigiendo una respuesta oficial por parte de la administración del rector (E) Omar Mejía sobre el traslado de los documentos.
ELOLFATO.COM conoció que las hojas de vida sí se trasladaron y que las administración tiene dos versiones para justificar esta decisión.
La primera es que varios documentos institucionales, entre esos las hojas de vida de sus funcionarios, están en peligro por la acción de grupos de encapuchados, que han amenazado con incinerar algunas oficinas de la universidad.
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La oficina de personal y la secretaría general estarían entre los objetivos de los violentos. Esto ha obligado a que la dirección central adelante un trabajo de digitalización, incluyendo la memoria institucional que reside en el archivo general.
La segunda es que el traslado obedece al cumplimiento de la Ley General de Archivo, que obliga a las entidades públicas a digitalizar sus documentos institucionales en virtud de la responsabilidad de su gestión y administración.
A esta hora, la dirección de la universidad todavía no se ha pronunciado oficialmente al respecto.
