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Tras el feminicidio de la niña Rosmery Castellón, algunas denuncias anónimas señalan que la Alcaldía de Ibagué había anunciado en 2017 la instalación de unas cámaras de seguridad en el sector de Picaleñita, donde sucedieron los hechos. (Vea: Ofrecen $30 millones de recompensa por información de los responsables del homicidio de Rosmery Castellón).
Ante estos señalamientos, el Secretario de Gobierno de Ibagué, Daniel Soto, explicó que efectivamente en 2017 se presentó un proyecto para la adquisición de cámaras y otros implementos tecnológicos, el cual no pudo ejecutarse por complicaciones jurídicas.
“En el año 2017 se presentó un proyecto para la adquisición de cámaras y otros implementos tecnológicos, desafortunadamente el contrato con el que se pensaba hacer la contratación de este proyecto tuvo unas complicaciones jurídicas y el contrato se cayó”, indicó Soto.
Entre tanto, el funcionario público comunicó que para este año se presentará ante el Comité de Orden Público este proyecto, con el fin de brindar mayor seguridad a la comuna 9 de esta capital y atender de manera oportuna hechos como el feminicidio de la niña de 16 años. (Vea: Colectivo de Mujeres del Tolima convoca velatón en rechazo al homicidio de la niña Rosmery Castellón).
“Nosotros este año estamos presentando para el Comité de Orden Público, que es el que fija la aprobación de los recursos del fondo de Seguridad, un proyecto con la finalidad de poder implementar unas alarmas y la posibilidad de tener unos frentes de seguridad que se articulen con el centro de mando y control ciudadano”, subrayó.
“Esperemos que en los próximos días el Comité de Orden Público se reúna y se logre la aprobación de este proyecto que es una necesidad para algunos sectores y comunidades que han sido priorizadas a partir de los estudios de la Secretaría de Gobierno y de la Policía Metropolitana”, agregó.
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Soto explicó que a través de este proyecto se prevé la conformación de unos frentes de seguridad ciudadana en los que deberán participar los lideres comunales, quienes deberán estar articulados con el centro de mando y control ciudadano para una atención inmediata por parte de las autoridades.
El funcionario informó que se tiene presupuestado una suma de entre los $200 y $300 millones para estructurar este proyecto.
“Estamos en la estructuración técnica por parte de los ingenieros del proyecto, pero lo más importante es que este proyecto sea aprobado por el comité de Orden Público quien es el que autoriza la destinación de estos productos”, concluyó.
