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Un presunto soborno de 500 millones de pesos sacude a la Corte Constitucional y la denuncia la formuló el tolimense Mauricio González, magistrado de ese alto tribunal, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El escándalo es de tal magnitud que ya hay un pronunciamiento de la Presidencia de la República en el que solicita a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes: “Se adelante con decisión y de manera inmediata la indagación correspondiente, para que en breve término pueda esclarecerse lo acontecido y se preserve la integridad de la Corte Constitucional”.
La historia es la siguiente. El alto tribunal tenía que resolver una acción de tutela que buscaba tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba a la empresa Fiduciaria Petrolera (Fidupetrol) a pagar 22.500 millones de pesos que el exgobernador de Casanare, Whitman Herney Porras, había invertido de manera ilegal en esa firma. El político fue condenado por corrupción.
Resulta que el abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, le contó al magistrado Mauricio González que su colega Jorge Pretelt, actual presidente de la Corte, le habría solicitado 500 millones de pesos para que el fallo saliera favorable. González era el ponente del fallo, que finalmente salió en contra de Fiduciaria Petrolera.
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Después de conocerse la decisión de la Corte Constitucional, el abogado Pacheco pidió una audiencia con varios magistrados, entre ellos el tolimense González, donde ratificó su denuncia contra Pretelt, pero aclaró que no accedió al supuesto soborno.
El magistrado Jorge Pretelt negó los hechos, aunque reconoció que el abogado Pacheco era amigo suyo. “La mejor prueba de mi honestidad es que, como lo ha reconocido el doctor González, nunca intenté acercarme a él para hablar de este caso, y que fui el primero que apoyó su ponencia, que negaba la tutela”, aseguró al diario ELTIEMPO.
