A raíz de la sanción de los 15 concejales de Ibagué por parte de la Procuraduría, el Cabildo Municipal enfrenta inconvenientes de tipo jurídico que han imposibilitado el pago de nómina a quienes trabajan en la Corporación.
Según explicó el concejal Juan Pablo Salazar, quien fue designado presidente de la Corporación, esta situación se viene presentando en razón a que la Procuraduría no había notificado al Concejo la sanción de los 15 cabildantes.
“Esta situación se normalizará a partir del momento en que saquemos los actos administrativos, pues esta es una de las situaciones más atípicas que se han presentado en toda la historia política de la ciudad. En ese orden de ideas, yo no podía fungir como presidente hasta que no llegara una notificación expresa de la Procuraduría”, explicó.
Así las cosas, Salazar indicó que como presidente de la Corporación no podía actuar sin los respectivos actos administrativos que permiten que el Concejo pueda entrar en funcionamiento y que permiten hacer la ordenación del gasto en el Cabildo Municipal.
“Había que esperar ejercer una serie de actos administrativos para que yo pueda entrar a suplir esa falta temporal que queda tras la suspensión de los concejales. Hasta que no llegara esa comunicación que hiciera oficial la sanción, yo no podía asumir como ordenador del gasto”, añadió.
Asimismo, informó que en este momento se están elaborando todos los actos administrativos correspondientes para poder ejecutar lo ordenado por la Procuraduría y poder resolver la falta temporal que deja la sanción de 15 concejales.
“Hay una situación administrativa que hay por resolver, pero esos actos administrativos se están expidiendo y se están haciendo las revisiones correspondientes para no llegar a cometer ningún error jurídico”, explicó.
Finalmente, el cabildante, uno de los cuatro que quedan habilitados para adelantar el control político en Ibagué, indicó que debido a esta situación ningún empleado del Concejo está percibiendo honorarios, pues no se ha firmado la nómina.
Lo anterior, debido a que la suspensión de la Procuraduría dejó por fuera a Marco Tulio Quiroga, quien fue elegido presidente del Concejo el 6 de diciembre de 2018, situación que generó una inseguridad jurídica, que según Salazar, será resuelta esta misma semana.