Continúan las buenas noticias para el medio ambiente en el Departamento. En fallo de segunda instancia, la sección primera de la sala de lo contencioso del Consejo de Estado decidió confirmar la orden del Tribunal Administrativo del Tolima de admitir la demanda de acción popular y decretar como medida previa de urgencia la suspensión inmediata de 25 contratos de concesiones mineras suscritos por Ingeominas en el municipio de Ibagué.
De acuerdo con la Personería Municipal, los 25 títulos mineros que fueron suspendidos tanto por el Consejo de Estado como por el Tribunal Administrativo del Tolima hace parte de los 157 títulos que entregó Ingeominas en Ibagué. (Ver fallo)
«Dejar sin efectos el condicionamiento previsto por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante auto aclaratorio del 28 de octubre de 2011, consistente en obtener la licencia ambiental exploratoria para cada uno de los contratos cobijados por la medida decretada como requisito para su eventual levantamiento«, resolvió el fallo.
Dicho títulos mineros fueron solicitados en su momento para desarrollar labores de explotación y exploración aurífera en las cuencas del río Combeima y del río Cocora, los cuales hacen parte de la cuenca mayor del río Coello. (Ver: Se entregaron 247 títulos en páramos del departamento, revela Cortolima)
Así pues, con esta medida del Consejo de Estado se está protegiendo en gran medida al río Coello, una de las fuentes hídricas más importantes del Tolima, toda vez que este afluente abastece y provee agua al 60 % de la población del Departamento, y aproximadamente a 450.000 habitantes del municipio de Ibagué.
La decisión del Consejo de Estado se dio a partir de la ponencia del consejero Guillermo Vargas Ayala, luego de que las empresas Continental Gold S.A. (hoy Negocios Mineros S.A.), Oro Barracuda S.A.S. y AngloGold Ashanti Colombia S.A., interpusieron recursos de apelación en contra del auto del 30 de septiembre del 2011 del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante el cual se declaró la suspensión de los 25 títulos mineros.
La demanda de acción popular que interpuso la Personería Municipal en el año 2011, y que fue admitida por el Tribunal y el Consejo de Estado, pretendía que se prohibieran las actividades mineras auríferas en los afluentes antes mencionados y se respetara el derecho de los ibaguereños a vivir en un ambiente sano. (Ver: Autoridades locales sí pueden impedir proyectos mineros en sus territorios: Corte Constitucional)
“La Personería Municipal de Ibagué continuará su labor de defensa y protección de los derechos colectivos sobre el ambiente y el patrimonio natural en el Municipio, conscientes de los efectos nocivos que actividades como la minería tienen sobre los ecosistemas locales, y convencidos de la necesidad de reivindicar el carácter y potencial agrícola de Ibagué y el Tolima», dijo Juan Felipe Arbeláez, personero de Ibagué.
Y es que la mencionada acción popular se presentó luego de un informe entregado por Cortolima en el cual se demostraban las posibles afectaciones ambientales que ocasionaría la minería en la cuenca del río Combeima, así como en la Bocatoma del acueducto de Ibagué. Por este motivo, tanto la Corporación como el Ibal fungieron como terceros afectados. (Ver: La Marcha Carnaval en Ibagué no tiene injerencia para el proyecto La Colosa: AngloGold Ashanti)
“Este hecho tiene incidencia en la medida de que en este momento esos títulos están ya suspendidos y congelados para adelantar cualquier actividad de minería temprana o inicial, como lo señala el Código de Minas colombiano”, afirmó Jorge Cardoso, director General de Cortolima.
Mientras tanto, ahora los habitantes del Tolima esperan conocer definitivamente cuál fue el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima con respecto a la constitucionalidad de la pregunta de la consulta popular minera.