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La superintendencia de Servicios Públicos ratificó la sanción de $300 millones impuesta a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) por los continuos cortes, los desperdicios de agua tratada y la aplicación equivocada de una fórmula tarifaria de la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA), que se dieron entre el mes de junio del año 2009 y enero del año 2012. (Ver documento)
La decisión de primera instancia había sido proferida el 20 de enero del año 2015, como lo reveló ELOLFATO.COM. hace un año. (Ver: Millonaria sanción al Ibal por cortes del servicio de acueducto)
El Ibal, bajo la administración del ingeniero Carlos José Corral, interpuso un recurso de reposición a través de la abogada Margarita Bonilla, apoderada de la empresa, pero sus argumentos legales no lograron reversar la millonaria multa.
Pero además de la sanción de $300 millones, el Ibal tendrá que implementar un plan de mejoramiento que garantice la continuidad en la prestación del servicio de acueducto, certificar la instalación de micromedidores, como mínimo, al 95% de los usuarios y tendrá que devolver el dinero que cobró indebidamente a través de la factura.
El origen de la sanción
La superintendencia de Servicios Públicos sancionó al Ibal por la continua interrupción en la prestación del servicio de acueducto durante el año 2012 y los primeros cuatro meses del 2013. Sólo en el año 2012 hubo más de 100 cortes que afectaron a los más de 120 mil usuarios.
En la resolución sancionatoria, de 66 páginas, sorprende encontrar respuestas de la empresa como que las irregularidades halladas no ocurrieron sino que hubo supuestos errores de digitación en los informes que presentó el IBAL ante ese organismo de control. Excusas desaprobadas en el expediente.
Otra de las perlas de la defensa fue que en la ciudad nunca hubo un corte del servicio de agua potable de 24 horas, pero sí de 23,8 horas. También dijeron que los prolongados y continuos cortes los provocaron las fuertes lluvias y las crecientes de los ríos y quebradas que abastecen el sistema de acueducto, pero ni si quiera eso fue suficiente para evitar la sanción.
La Súper les respondió que desde 1959 se presentan fuertes lluvias, crecientes y desprendimientos de tierra en el Cañón del Combeima, por lo que es un comportamiento propio del afluente y no una situación imprevista como suelen justificar la falta de planeación.
Promesas de acueducto alterno
Hábilmente, intentaron distraer la investigación con las promesas de solución a largo plazo como el acueducto alterno o complementario y la instalación de tanques de reserva en inmediaciones de la sede de la Fiscalía y Boquerón, entre otros.
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La Superintendencia les dijo que: “Se debe advertir que pese a todos los proyectos que la prestadora (Ibal) menciona, mientras los mismos no se ejecuten, no habrá una solución al problema de la continuidad en la prestación del servicio, como lo demuestra el hecho que para la visita practicada a la prestadora los días 15 y 16 de mayo de 2014, se encontró que siguen habiendo problemas de continuidad”, dice el documento en la página 14.
La herencia del gobierno de ‘Chucho’ Botero
La administración del exalcalde Jesús María Botero también tiene ‘velas en este entierro’, de acuerdo con la decisión de la Superservicios.
El exalcalde Luis H. Rodríguez heredó, de su socio político Jesús María Botero, pocas alternativas técnicas que hubieran permitido enfrentar el mal tiempo que reinó en el año 2012, y que provocaron el centenar de cortes en la prestación del servicio.
Tampoco dejó un adecuado esquema de micromedición que redujera el delicado desperdicio de agua tratada en la ciudad.
Y la tercera sanción de la resolución, por la aplicación equivocada de una resolución de la CRA, se dio entre junio de 2009 y enero del año 2012, durante las administraciones Alberto Girón y Libardo Gutiérrez, quienes fueron los gerente del Ibal en la administración de Jesús María Botero. En ese periodo, la empresa tuvo que disminuir el valor de la tarifa pero no lo hizo.
Por esa razón, la Superintendencia le está pidiendo ahora al Ibal que presente los informes de la época para saber cuánto dinero cobraron por encima de lo permitido y no se descarta que tengan que reintegrarle el dinero a los usuarios.
