El gobierno municipal anunció la expedición del decreto 1218 de 2016, por medio del cual se establece un nuevo pico y placa en Ibagué. De mi parte, quiero expresar que la expedición del nuevo pico y placa me ha dejado sensaciones encontradas.
De un lado, me parecen correctas todas y cada una de las medidas encaminadas a regular el transporte privado, siempre y cuando esto haga parte de una gran estrategia para estimular el uso del transporte público o que se promueva el uso compartido de los vehículos privados, como ha ocurrido en Bogotá y en las demás ciudades donde existen movimientos ciudadanos que han promovido este tipo de iniciativas que le aportan a la movilidad de las ciudades y al mismo tiempo al cuidado del medio ambiente.
La sociedad en su conjunto no debe pagar los platos rotos por el deseo –a veces arribista- de tener carro propio solo por sentir que se está avanzando en la escala social. En este sentido, la medida anunciada para el 15 de diciembre, va en la dirección correcta.
Se ha dicho que, mientras en otras ciudades para esta época del año se suspende el pico y placa, en Ibagué por el contrario lo aumentaron en horas y cubrimiento geográfico.
Este argumento pierde peso toda vez que mientras en la temporada de diciembre en ciudades como Bogotá el flujo neto es favorable a la salida de vehículos –lo cual hace innecesario el pico y placa en la temporada de fin de año-, en Ibagué vivimos el fenómeno contrario, es decir, la entrada masiva de vehículos, que no solo están de paso hacia otras ciudades, sino que corresponde a vehículos de personas que viven en otras ciudades y que vienen a pasar el fin de año en la capital musical.
Para nadie es un secreto que en la temporada de fin de año se sienten con mayor fuerza los trancones y embotellamientos derivados de los vehículos que normalmente transitan en Ibagué, sumados a los que llegan por la temporada.
De otro lado, no obstante estar a favor del propósito general del nuevo pico y placa, me resulta inexplicable –y motivo de indignación- que la medida excluya los vehículos de los concejales de la ciudad y los diputados. ¿Cuál es el argumento técnico que puede justificar esta exclusión? Mientras que en la Grecia antigua ser funcionario o servidor público era un privilegio derivado de la probada voluntad de servicio a la comunidad, en Ibagué parece que la ecuación es al revés: se es funcionario público para obtener privilegios, como el de la exclusión del pico y placa.
Este no es un asunto menor. Con esta determinación, la administración municipal envía un pésimo mensaje encaminado a seguir recreando esa odiosa estructura de privilegios típicos de una sociedad premoderna y señorial, en lugar de aprovechar la oportunidad para poner en práctica uno de los pilares de la cultura ciudadana mockusiana: el todos ponen.
Es sobre la base de estos mensajes erróneos que en el pasado, por ejemplo, algunos personajes de los más pudientes de la ciudad se conectaban de forma fraudulenta a la red de acueducto de la ciudad, o un abogado utilizaba postes de luz de la ciudad al servicio de su finca para veraneo.
Todo porque su condición de servidores públicos los hacía pensar que lo público está a su servicio personal y no ellos al servicio de lo público. Por ello exhorto a concejales y diputados a renunciar a este privilegio y a expresar públicamente a la administración municipal la necesidad de eliminar esta exclusión del decreto sobre pico y placa en Ibagué.
