Debo decir que no estuve de acuerdo con la movilización convocada para el pasado 2 de abril por varias razones, pero principalmente porque soy un convencido del actual proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc.
Si corriéramos con la mala suerte de tener que terminar con el proceso desarrollado en La Habana, en todo caso habrá valido la pena que por lo menos 1.500 personas no murieron a causa del conflicto. Ese es el cálculo que hace desde el comienzo del proceso y hasta diciembre de 2015 el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos -CERAC-.
Y aunque no estuve de acuerdo con la marcha, celebro el desarrollo de la misma como un acto legítimo de quienes no están de acuerdo con el proceso, o con muchas otras políticas del Gobierno. Pero mi mayor celebración es la de encontrar que quienes ese sábado se manifestaron contra unos acuerdos que consideran contrarios a la Constitución, a la ley, o que simplemente no les gustan, seguramente no saben que los acuerdos logrados hasta el momento en la Mesa de Conversaciones respaldan y propugnan por ese ejercicio legítimo a hacer oposición y a manifestarse en contra de las políticas de los gobiernos.
El proceso de paz no tiene como único objetivo la dejación de las armas de un grupo al margen de la ley y la reintegración de quienes hacen parte de dicho grupo. Este proceso es una verdadera oportunidad para el fortalecimiento institucional del Estado colombiano, que busca proteger y garantizar los derechos de los más de 48 millones de colombianos.
Terminar con el conflicto armado interno conlleva la obligación, por parte de nuestros gobernantes, de tener que fijarse en aquellos conflictos sociales que se han quedado invisibilizados y que aquejan, sobre todo, a los territorios más olvidados. Para esto, garantías como las planteadas en el acuerdo sobre “Participación política” buscan la resolución pacífica de los conflictos y la garantía de promover, por parte del Estado, el diálogo deliberante y público.
Los acuerdos logrados hasta el momento entre el Gobierno Nacional y las Farc buscan garantías para todos los colombianos. El ejercicio de la movilización y la protesta, tal y como se plantea en el acuerdo sobre participación política logrado el 6 de noviembre de 2013, “enriquece la inclusión política y forja una ciudadanía crítica, dispuesta al diálogo social y a la construcción colectiva de Nación”.
Sin querer queriendo quienes ejercieron su legítimo derecho a alzar su voz contra un proceso con el que están en desacuerdo, se están haciendo partícipes del fortalecimiento de muchas instituciones que actualmente se encuentran consideradas en nuestra legislación, pero que en una etapa de transición deben estar mucho más consolidadas. Es el caso específico de las garantías para el ejercicio de la oposición que tienen como objetivo final cualificar la democracia para consolidar la paz.
Desde que nació la Constitución de 1991 existe una obligación de sacar adelante un Estatuto de la Oposición (Artículo 112 constitucional), pero a pesar de más de una decena de intentos, hoy -25 años después- no contamos con uno.
El estatuto no podía venir redactado desde La Habana desconociendo la institucionalidad establecida por la Constitución y la ley, razón por la cual -en aras de garantizar la participación de todos los afectados- se acordó la creación de una Comisión que tendrá lugar una vez se logre un Acuerdo final y de la cual harán parte todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica para definir unos lineamientos y poder establecer un Estatuto de la Oposición, que permita la construcción de una democracia amplia.
Tanto las garantías de oposición para los partidos y movimientos políticos, como las garantías para manifestarse y protestar pacíficamente, son acuerdos logrados en La Habana, que -contrario a lo que muchos vociferan- no son prerrogativas exclusivas para las Farc, sino prerrogativas para construir un país en paz.
Ojalá algún día el “sin querer queriendo” se pueda transformar en un “querer queriendo”, porque nos dimos cuenta de que este gran esfuerzo de paz es para todos*.
*Puerta es profesor de Derecho de la Universidad Javeriana de Bogotá
