Ibagué celebra hoy 14 de octubre, 468 años de su fundación. Así mismo, en este año, se cumplen 30 años de haber sido adoptada en todo el territorio nacional la elección popular de alcaldes, aprobada mediante Acto Legislativo 01 de 1986 e implementada a partir del año 1988.
Con el actual mandatario municipal, Guillermo Alfonso Jaramillo, nuestro Municipio completa 10 alcaldes elegidos popularmente, siendo el primero Armando Gutiérrez Quintero, quien gobernó desde el primero de junio de 1998 al 31 de mayo de 1990 y un repitente, Rubén Darío Rodríguez, quien salió electo en 1992 y en el 2004.
Son muchos los análisis y balances que desde la academia, la política, la sociedad civil y los sectores empresariales y gremiales se han hecho al proceso vivido en Colombia desde que se adoptó este importante mecanismo de participación ciudadana.
Las conclusiones abundan cuando se trata de justificar o denigrar de su implementación y abundante material sobre el tema encontramos solo con dar un click en cualquier buscador por internet.
De ahí, que quiero aprovechar este espacio de opinión para destacar cómo en el caso del Municipio de Ibagué, el ochenta por ciento del los alcaldes elegidos popularmente han resultado con serios y complicados líos judiciales y disciplinarios, que nos hacen pensar en una obligatoria pregunta: ¿Se justifica sacrificar la vida personal, familiar y social por ejercer un cargo que quiéralo o no, le genera conflictos políticos, penales, fiscales y disciplinarios? Ó, si por el contrario, conscientes de los peligros que el ejercicio de esta compleja actividad les depara, asumen el riesgo y el “sacrificio”, como muletilla suele decirse, pensando en darle un vuelco total a su vida si la Democracia llega a favorecerlos.
Los únicos alcaldes que han salido ilesos de su ejercicio funcional son Armando Gutiérrez Quintero (1988 – 1990) y Carmen Inés Cruz (1997 – 2000). Los restantes han tenido serios líos judiciales y disciplinarios que les hicieron vivir momentos de dolor cuando gobernaron o de sufrimiento y angustia después de que cumplieron su período.
Rubén Darío Rodríguez fue suspendido por 90 días por la Procuraduría General, decisión que le fue notificada siendo alcalde, cuando se hospedaba en lujoso hotel de Rosario, Argentina. Además debió afrontar durante los dos períodos que ejerció como alcalde, el karma de la “avenida fantasma” (avenida segunda entre calles 28 y 32).
Alvaro Ramírez fue suspendido del cargo por la adjudicación irregular de más de 300 cupos para taxis y debió igualmente afrontar detención domiciliaria por la misma causa, en la que participaron concejales de las mayorías que lo apoyaban.
Jesús María Botero fue destituido del cargo e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, por celebrar convenios interadministrativos con la Gestora Urbana, entidad que de manera posterior adjudicaba los contratos directamente, desconociéndose la ley de contratación estatal.
Francisco José Peñaloza, quien fue seis veces alcalde de Ibagué y fue electo en 1990 como alcalde popular, fue condenado penalmente a 52 meses de prisión por contratación irregular de obras en el Teatro Tolima, el Centro de Convenciones y la Asamblea Departamental.
Y por último, el señor Jorge Tulio Rodríguez vivió pesadillas durante su mandato, a raíz de las continuas denuncias que se le hicieron por comprobados actos de corrupción en su Administración y su vinculación judicial por el homicidio del abogado y veedor ciudadano Félix Eduardo Martínez. Del actual alcalde, nada hay que recordar, porque aún lo vivimos.
