Una vez finalizado el periodo de aplicación de la ley de garantías electorales, que impidió desarrollar cualquier tipo de contratación pública cuatro meses antes de los comicios presidenciales de mayo y junio, vuelve a aparecer el apetito burocrático de la clase política regional.
En las entidades públicas, locales y regionales, comienzan a aparecer los mensajeros y los recomendados de senadores, representantes a la Cámara y excongresistas buscando el favor de siempre: la contratación de sus cuotas políticas. Esa situación es más notable en ciudades como Ibagué debido al alto índice de desocupación que hay en la ciudad.
En este sentido es importante que los políticos del departamento, de todas las vertientes, hagan un pacto regional para no tirarse (otra vez) la Universidad del Tolima.
Esta institución busca obtener un equilibrio financiero y superar la crisis administrativa que dejó el exrector José Herman Muñoz, quien hizo y deshizo gracias al apoyo del partido Liberal, y de la permisividad de la exministra de Educación Gina Parody.
Ya que las cosas están mejorando y la gestión del rector en propiedad Omar Mejía parece que va por buen camino, es necesario que los dirigentes regionales pongan su granito de arena alejándose del barrio Santa Helena.
La UT no puede estar de nuevo en riesgo por culpa de sus voraces apetitos burocráticos. Entiendan que esta institución no es ni puede ser un fortín político. Se trata de una universidad pública, la más importante de la región, y está llamada a transformar nuestra sociedad a través del conocimiento.
Sobra decir que este mensaje también está dirigido a los congresistas Miguel Barreto y Adriana Matiz, los legisladores del grupo político del gobernador Óscar Barreto.
La percepción de estabilidad que va logrando el alma mater se puede empañar por los pedidos del sector político. Pero el llamado de urgencia es también para el sector privado y productivo, para que en la agenda económica de la región no se ignore la participación de la UT como actor fundamental en el desarrollo del departamento.
La Universidad cuenta actualmente con más de 20.000 estudiantes y en este semestre bate record en la venta de pines de inscripción para sus programas académicos de la modalidad presencial, logrando una inscripción de 6.878 personas para tan solo 900 posibles ingresos de estudiantes nuevos en presencial, lo que también refleja la necesidad de que la institución de educación superior pública única en el departamento deba crecer aún más para atender la demanda de la región.
Así que, ojalá, los congresistas que posesionan el próximo 20 de julio hagan un compromiso para respetar la Universidad del Tolima, porque la sociedad y la comunidad universitaria no permitirán que la expriman de nuevo.
Más bien deberían ir unidos, como hacen bien los antioqueños, a gestionar proyectos que favorezcan la región en áreas como educación, infraestructura y desarrollo económico. No cupos indicativos para venderlos a congresistas costeños, como hicieron algunos, sino inversiones que saquen al Tolima del atraso en el que se encuentra hace décadas.
