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El secretario de Educación del Tolima, Jairo Cardona, se pronunció sobre la investigación que abrió la Procuraduría General de la Nación en contra del gobernador Óscar Barreto, por presunta mora en adelantar el proceso contractual para seleccionar el operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para la vigencia 2018.
De acuerdo con el funcionario, la demora en la contratación obedeció a que los recursos asignados para este programa llegaron tarde, razón por la que no se alcanzó a cumplir con la fecha establecida en el cronograma del Gobierno Nacional. (Ver: Procuraduría investiga a Barreto por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar)
«Lo que sucede es que los recursos llegaron en el mes de octubre, nosotros adelantamos los trámites, y desde el punto de vista jurídico no se alcanzó a hacer la contratación conforme a la reglamentación de vigencias futuras», explicó Cardona.
Asimismo, indicó que está tranquilo porque cuenta con todos los elementos de prueba para demostrarle a la Procuraduría que las cosas sucedieron como él argumenta.
«Estamos para defendernos. Tenemos todos los soportes de cuándo llegaron los recursos y eso es lo que vamos a presentar a la Procuraduría, que hubo un impedimento legal para poder avanzar en esa contratación», acotó el Secretario.
Entre tanto, afirmó que aún no ha sido notificado de la investigación que adelanta el Ministerio Público y que en el momento en que lo sea, entregará los documentos mencionados.
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Es de recordar que en este proceso, también son investigados los gobernadores de Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Santander, Sucre y Vaupés.
De acuerdo con la Procuraduría, por esta presunta demora en la contratación habrían sido afectados más de 653.300 niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
Por esta razón, el órgano de control decretó la práctica de pruebas con el objetivo de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, y el perjuicio causado a la administración pública por los particulares investigados. Asimismo, dispuso escucharlos en versión libre si así lo deciden los investigados.
