Publicidad
El Tribunal Administrativo del Tolima tumbó el polémico Acuerdo 011 de 2014 que aprobó el Concejo de Ibagué para darle vida a la concesión del sistema electrónico de detección de infracciones de tránsito, más conocido como las fotomultas.
Esta iniciativa, que pretendía entregarle a un operador privado el lucrativo negocio por 20 años, y que defendió el alcalde de Ibagué “contra viento y marea”, se hundió en el control de legalidad que pidió el gobernador Luis Carlos Delgado ante el Tribunal Administrativo del Tolima.
Publicidad
La razón es muy sencilla. El Concejo de Ibagué no podía aprobar un Acuerdo que comprometiera recursos públicos por 20 años, como habilmente propuso la Alcaldía de Ibagué, sin que existiera un estudio y un modelo financiero que determine cuánto dinero generará la operación del sistema de fotomultas y en cuánto tiempo el inversionista podría recuperar su inversión.
Es por esto que el Tribunal Administrativo declaró ilegal este proyecto porque entregar un negocio por dos décadas, equivaldría al periodo de cinco alcaldes, lo cual compromete vigencias futuras y el Concejo Municipal no tiene esas facultades.
