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Las evidentes irregularidades descubiertas en un concurso de mínima cuantía, por $39.079.600, con el que la Alcaldía de Ibagué pretendía contratar el sonido para un evento, el próximo lunes 23 de enero, provocó que el proceso se declarara desierto.
El secretario de Planeación de Ibagué, Héctor Cervera, quien aparecía como ordenador del gasto, prefirió evitarse mayores problemas disciplinarios y hasta penales, y optó por revocar el concurso que fue montado a la medida de una empresa de Ibagué y que, muy seguramente, resultaría favorecida con el contrato. (Ver: Descubren el primer contrato ‘chaleco’ de la Alcaldía de Ibagué en 2017)
Recordemos que la Alcaldía de Ibagué obtuvo dos cotizaciones para definir el valor de este contrato. La primera la presentó la empresa Decibel, por $34.474.300. Y la segunda la entregó la firma Corproevencol, por $43.684.900. Coincidencialemente, los representantes legales de estas empresas son: Eduardo Mendoza Reina y Yinet Díaz Tovar, respectivamente, una pareja de esposos.
Pero esa no fue la única casualidad. Resulta que la administración municipal, violando claramente los principios de transparencia, solicitó dentro del proceso unos equipos con marcas y modelos específicos, elementos que tenía precisamente la empresa Decibel, del señor Eduardo Mendoza Reina.
Nadie en la Alcaldía de Ibagué pudo explicar cómo encontraron a estas empresas. Tampoco apareció algún soporte oficial de las invitaciones que habría entregado la administración para que cotizaran sus servicios.
Lo que dice el acta de revocatoria
De entrada, la administración admite que el proceso estuvo solo publicado «un día hábil» en el portal de contratación del Estado, Secop, pero no precisa claramente las razones que motivaron la revocatoria directa. (Ver acta de revocatoria)
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Es decir, no explican hechos como los siguientes: por qué publicaron un cronograma falso, por qué exigieron equipos de sonido con marcas y modelos específicos, y por qué no publicaron los soportes de las cartas de invitación a cotizar que le enviaron -supuestamente- a las empresas Decibel y Corproevencol.
Estas fueron algunas de las preguntas que plantearon los interesados en sus observaciones pero la administración no contestó.
Solo afirmaron que: «Como resultado de dicho análisis se determinó por parte del municipio que de continuarse con las etapas contractuales proyectadas en el proceso, podría generarse una vulneración a los Principios Generales de la Contratación Estatal, es así, que la administración municipal en aras de garantizar la aplicación de estos principios y respetar de primera mano los derechos a los posibles interesados en el proceso motivo por el cual se debe dar aplicación a la revocatoria directa de la invitación pública (sic)».
