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No paran las sorpresas en la historia contractual de Jorge Alexander Pérez Torres, el representante legal del Consorcio Unidad Deportiva 2015 y único oferente de la licitación para la construcción y remodelación de los escenarios de la 42 con Quinta.
Pérez Torres no solo es un experto en mudanzas, trasteos y compra de chatarra, como lo reveló ELOLFATO.COM (Ver investigación), sino además resultó ser un ‘asesor inmobiliario’ que estuvo bajo la lupa de la Contraloría de Bogotá.
El hoy representante legal de la Unidad Deportiva 2015, único proponente en la licitación que adelanta el IMDRI, fue cuestionado por el ente de control fiscal por los presuntos sobrecostos en un contrato de arrendamiento que tuvo con el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.
Pérez le alquiló al IDU un edificio en 1.753 millones de pesos y recibía mensualmente 146 millones de pesos. La Contraloría halló que ese mismo predio aparecía en el portal Metrocuadrado.com con un canon mensual de arrendamiento de 60 millones de pesos, un sobrecosto del 143%. (Ver comunicado de la Contraloría)
Es decir, el IDU estaba cancelando cada mes un valor adicional de 86 millones de pesos, lo cual se consideró por la Contraloría como un posible daño económico de 1.033 millones de pesos.
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Además, el predio debía entregarse a paz y salvo en servicios públicos, según lo estipulado en el contrato, pero no se cumplió. El edificio presentaba un embargo por parte de la Secretaría de Hacienda de Bogotá porque debía 194 millones de pesos en impuestos.
Pero eso no es todo. El órgano de control también llamó la atención de que Jorge Alexander Pérez Torres, persona que firma el contrato, “ha tenido varios contratos con el IDU desde el 2011 para arrendamiento de puestos y trasteos y que en abril de 2013 presenta una modificación del objeto incluyendo la actividad de asesor inmobiliario”.
Aunque el contrato finalmente se cumplió bajo los términos de Pérez Torres, para la misma Contraloría quedó en el ambiente cómo una persona con experiencia en arredramiento de puestos y trasteos, termina siendo un asesor inmobiliario. ¿Surgirá la misma pregunta para la Contraloría de Ibagué, ahora que esta persona pasa a ser representante legal del consorcio que podría remodelar los escenarios deportivos de la 42?
