“Guerrilleros recibirán $1.800.000 pesos mensuales”, “en La Habana se negoció la propiedad privada”, “en la Mesa se están negociando impunidades”, “guerrilleros estarán equiparados con oficiales y suboficiales de Fuerzas Militares”. La lista es más larga y los argumentos que defienden estas afirmaciones son pocos, sin sustento y en muchas ocasiones apelando a las emociones. Pero sorprende mucho más que un alto porcentaje de la población no se informe, ni se percate sobre la trascendencia de los acuerdos.
Creo que en cualquier país normal próximo a la firma de un acuerdo que le pondría fin a un conflicto de más de 50 años, la sociedad estaría atenta, expectante y seguramente eufórica. Sin embargo, en Colombia no sucede lo mismo. No parecemos interesados en conocer los detalles de unos acuerdos que, de implementarse, sin duda partirán en dos la historia del país.
Es posible que en un inicio, por la reserva de las conversaciones, no se hayan comunicado ampliamente los avances de los diálogos. Pero hoy, cuando todos los acuerdos que hasta el momento se han alcanzado en La Habana son públicos es injustificable no conocer, por lo menos, el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, denominado como la hoja de ruta entre los negociadores de ambas partes. Un vistazo a las breves seis páginas que contiene este acuerdo serían suficientes para entender, de manera general, qué es lo que se está negociando y no repetir como loros las mentiras y especulaciones que circulan principalmente en redes sociales, donde cabe la frase de Göbbels: “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.
Es extraño que estemos a punto de poner fin a un largo conflicto y no conozcamos de qué se tratan los acuerdos de La Habana. Son más de tres años de conversaciones entre el Gobierno y las Farc, y parece que el tema es lejano para los colombianos. Es más, se ha convertido en un asunto de amores y odios, de izquierda y derecha y lo peor aún, es que pocos saben de qué hablan.
Estoy seguro de que pocos nos hemos dado a la tarea de conocer los acuerdos hasta el momento logrados. En el acuerdo de “Desarrollo agrario integral”, finalizado en mayo de 2013, en ninguna parte se negoció la propiedad privada, por el contrario se busca cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, claras causas del conflicto. A propósito, pareciera que quienes deciden el futuro del país fueran los colombianos de las grandes urbes.
En una reciente encuesta de Polimétrica se le pregunta a ciudadanos urbanos de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga ¿Qué tipo de violencia le preocupa más?, teniendo como lógica respuesta mayoritaria “La de la delincuencia en las calles”. Si hacemos esa misma pregunta en las zonas rurales que han sufrido de manera directa la violencia de esta guerra sin sentido, seguramente la respuesta no sería la misma. A leguas se nota la indiferencia de los colombianos urbanos frente a las realidades del campo.
Los colombianos estamos pasmados ante todos estos años de violencia y nos negamos a otra oportunidad que nos permita vivir en un país donde no haya más muertos como consecuencia del conflicto armado interno, más desaparecidos, más desplazados, más inequidad, más corrupción. El Acuerdo Final que se produzca en La Habana no pretende ser la solución a todos los problemas de este país, pero sí un primer gran paso para combatir las inequidades, para ampliar la democracia, para conocer la verdad, para reconciliarnos, para que las armas no vuelvan a ser usadas para defender causas políticas.
La deuda con las futuras generaciones no puede continuar, la deuda con las víctimas no puede seguir creciendo, la deuda con nuestros campesinos no puede quedar en el olvido. La mejor manera de saldar estas deudas es dejar de repetir como loros las pocas ideas que agarramos en el aire sobre el proceso de paz. El primer deber que deberíamos cumplir es informarnos bien sobre lo que ha sucedido en La Habana.
