Mientras el Congreso de la República estudia el proyecto de ley por medio del cual se pretende llevar a cabo la denominada “Reforma Tributaria Estructural” propuesta por el Gobierno Nacional, en las calles, parques, cafetines, universidades y medios de comunicación, los analistas económicos, políticos, académicos, gremios, empresarios y ciudadanos del común discuten y cuestionan sobre su conveniencia, pertinencia y utilidad para el cumplimiento de los propósitos que pretenden lograrse con su aprobación, uno de ellos, los costos de la paz en el escenario del post-acuerdo.
El Estado colombiano, como todos en el mundo, es alcabalero, es decir, vive de cobrarle a los ciudadanos y empresarios impuestos, hasta ahí algo normal. Lo complicado es que nunca vive conforme, siempre está tratando de ampliar la base tributaria sin procurarla, y permanentemente esta sacrificando y castigando a los pequeños contribuyentes: tenderos de barrio, pequeños comerciantes, profesionales independientes, trabajadores que ganan el salario mínimo o un poco mas, en fin, buscando infiltrar y gravar las más disimiles labores en nuestro país. Paradójicamente poco o nada hace por combatir y erradicar el mayor flagelo que afecta los recursos públicos: la Corrupción.
Es la corrupción la principal razón para que en nuestro país un inmenso número de colombianos crea que los impuestos no son invertidos para mejorar el sistema de salud, o educativo, la ejecución de obras de infraestructura o ampliación de los programas sociales, sino para alimentar los bolsillos de unos pocos. Es la ausencia de acciones efectivas para combatirla con rigor lo que sigue generando en los contribuyentes desconfianza y apatía tributaria.
El proyecto de reforma tributaria incluye temas como reclasificar el IVA en tasas del 5 %, 10 % y 19 %, crear impuesto a la vivienda de interés social, establecer la renta presuntiva y concebir el denominado “monotributo”, el cual golpearía principalmente a los sectores populares y la clase media, asi trate de disfrazarse como una “alternativa para simplificar el pago de impuestos” o una estrategia para formalizar pequeños comerciantes, cuando lo que realmente busca es gravar a este amplísimo sector, incluyendo aquellos que funcionen en locales de menos de 50 metros cuadrados, es decir, los que viven del producido diario.
Resulta igual o mas injusto que lo anterior la ampliación de la base tributaria afectando a quienes hoy, por sus bajos ingresos, no tributan, con el propósito de poner a pagar impuestos a más de quinientas mil familias. Adicionalmente el carácter regresivo de los impuestos indirectos no ofrece dudas, toda vez que castiga por igual al que tiene mucho que al que tiene poco casi nada, desconociendo que en su gran mayoría los colombianos son de clase media y baja, y muy pocos hacen parte de los estratos altos, violando el artículo 363 de la Constitución Nacional según el cual el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
Si queremos consolidar la anhelada paz, necesitamos un país justo y equitativo; para ello nos corresponde atacar la desigualdad y esta “reforma estructural” no contribuye en nada para lograr tal objetivo.
Mientras no tengamos en Colombia políticos y funcionarios públicos más éticos, honestos y conectados con las necesidades de la comunidad, no habrá reforma tributaria que alcance, ni bolsillo que lo resista y la enorme desconfianza que existe en la ciudadanía respecto a las instituciones públicas, desangradas por la corrupción, seguirá manteniéndonos en el atraso y subdesarrollo al que pareciera estamos condenados. #NoALaReformaTributaria
