Escribí este artículo hace poco menos de un año, en el contexto de un debate asambleario sobre la crisis de la Universidad del Tolima. Hoy, como en la idea del eterno retorno de lo idéntico de Nietzsche, el debate se repite (y por supuesto la crisis se mantiene).
En realidad, es un debate que se viene dando hace años y que, en lo personal, he animado desde hace cinco: estamos de acuerdo en que la UT precisa de hondas reformas, la pregunta es cómo las vamos a hacer, qué profundidad deben tener y quiénes las van a llevar a cabo.
Contra la idea de una constituyente universitaria, en esa época, o de una reforma profunda a través de un proceso asambleario, hoy se oponen los de siempre: pequeños grupos de profesores y estudiantes apoltronados en la comodidad del clientelismo y la corrupción.
Ellos nunca han tenido que decir que están en contra de una reforma, su papel “en la coyuntura” es repetir como verdaderos muñecos de ventrílocuo dos cosas: 1. que “la pelea es con el gobierno nacional, no con la administración”, y 2. que quienes impulsan esas reformas son “agentes de la ultraderecha”, que le abrirán las puertas para que “por fin se tome la universidad”.
Los otrora estudiantes ahora son funcionarios o siguen en sus organizaciones estudiantiles, a pesar del bajo rendimiento académico (BRA), “luchando contra el neoliberalismo”, no sin la ayuda del rector, su aliado, quien les garantiza toda clase de privilegios (porque el neoliberalismo solo llega hasta la puerta de la universidad, no entra).
Los profesores, por su parte, hace rato convencidos de que lo único que podrán revolucionar será sus propias condiciones materiales (a costillas del erario), permanecen incrustados en la alta burocracia académica y administrativa, como dice la canción, “de rama en rama”: de una decanatura a la ODI, de la ODI al CERE, del CERE a una alta asesoría, y de ahí quizá a la rectoría o a una vicerrectoría, nunca a la base profesoral.
La situación de la universidad en estos años, muy al contrario, es diametralmente opuesta a la de quienes se erigen en su defensa. En efecto, el lema que los identifica es “que todo cambie para que las cosas sigan siendo igual”.
Aunque eso hoy no es tan así: hace cinco años pensábamos que la UT no podía ir peor, sin embargo, en manos de José Herman Muñoz, la máxima expresión de “los de siempre”, hemos superado todas nuestras expectativas.
Entonces, es en estos momentos en los que la institución parece un proyecto inviable, que retornan las voces reformistas que pretenden encausarla en la perspectiva académica, científica y social que le pertenece, para que de una vez por todas pueda escapar al control de los caciques políticos locales, regionales y nacionales – de izquierdas y derechas -.
Dejo en consideración mi punto de vista sobre cómo y quiénes deben llevar a cabo esa reforma profunda:
- Parece que es un consenso de los estudiantes, los profesores y los funcionarios – incluso de las directivas – la necesidad de una reforma estatutaria académico-administrativa de la Universidad del Tolima. En lo que no parece haber acuerdo es en el cómo. La discusión está ahí.
- La cuestión es que, el mecanismo o la forma a través de la cual se realice dicha reforma, no puede ser considerada puramente “instrumental”. En este caso, la forma, como han anotado los estructuralistas, determina el contenido.
- El reciente proceso asambleario dejó sentada la discusión, y la tarea. La negativa del Rector de emitir un acto administrativo que le otorgue las facultades a la multiestamentaria para llevar a cabo el proceso de manera amplia y participativa, planteó un debate de fondo:
- ¿Quiénes, y en qué escenario, deben llevar a cabo la reforma del Estatuto General, y de los estatutos de los profesores y los estudiantes? ¿Qué instancia y mediante qué mecanismo se creará el estatuto administrativo? La jornada laboral, la investigación, el CIARP (Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje), los posgrados, deben ser reformados y reglamentados ¿Cómo se haría? La convivencia, el bienestar, la seguridad, la movilidad y los espacios y mecanismos de participación y representación deben ser repensados para el fortalecimiento de la comunidad universitaria ¿Quiénes lo llevarán a cabo?
- Entre la democracia real y efectiva y la tecnocracia no hay grises. La tecnocracia es autoritaria, impone la dictadura de “los especialistas” y de los “asesores jurídicos”. Sus mejores exponentes en materia educativa son el Consejo de Educación Superior (CESU) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), responsables de la actual reforma fragmentada a la educación superior, cuyos lineamientos de política – construidos y definidos a puerta cerrada – condena a los pobres a una educación de pésima calidad, canaliza recursos para las universidades privadas a través del crédito educativo (mientras desfinancia a las públicas), niega la autonomía universitaria y el derecho fundamental a la educación, empeña la investigación a las demandas del sector privado, y precariza la labor docente a niveles aún no conocidos.
- La experiencia democrática, por su parte, tiene su mejor antecedente en la Universidad de Nariño. Desde el 2007 la institución se ha declarado en un proceso de “Reforma profunda”, a través del cual ha construido su Plan de Desarrollo 2008 – 2020 y su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Actualmente se encuentra en la fase final de la elaboración de su Estatuto General.
- La reforma de la UdeNar se ha dado en el seno de la Asamblea Universitaria (AU), espacio multiestamentario adscrito a la Rectoría, y reconocido por la comunidad universitaria que la conforma. Con la aprobación del nuevo estatuto por parte del Consejo Superior, la AU pasará a hacer parte de la estructura orgánica de la institución.
- Contrario a lo expresado por el Rector de la UT en su comunicado del pasado 8 de mayo de 2015, a través del cual dejó “constancia pública” de la supuesta “inviabilidad de la propuesta de emitir un acto administrativo que diera reconocimiento a las decisiones tomadas por las asambleas”, porque presuntamente “pasaría por alto lo establecido en la Ley 30 de 1992 y el Estatuto General de la Universidad del Tolima”, el mismo 8 de mayo, pero de 2009, el rector de la UdeNar emitió la Resolución 1781, por medio de la cual convocó a la Asamblea Universitaria y determinó las disposiciones para garantizar su instalación y funcionamiento:
- “En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial las que surten del Artículo 69 de la Constitución Nacional que establece “La Comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación” y del Artículo 28 de la Ley 30 de 1992 que establece que “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos” y Considerando (…)
- “ (…) la necesidad de adelantar una reforma académico – administrativa fundamentada en los principios de la participación democrática, el pluralismo ideológico, la autonomía y la libertad para el libre discurrir del pensamiento; (…) Resuelve
- “Artículo 1: Constituir la Asamblea Universitaria que se define como un organismo de participación y deliberación de la comunidad universitaria cuyo fin es el de materializar la reforma universitaria profunda en sus normas principales y generales.
- “La Asamblea Universitaria resume la democracia y autonomía universitarias. Posee la legitimidad que le otorgan los estamentos universitarios, al encontrarse éstos ampliamente representados en ella y depositar en sus designios el futuro del Alma Mater. La Asamblea Universitaria condensa las más caras aspiraciones de la sociedad por la defensa de la universidad pública; el avance científico y tecnológico, de las humanidades y de las bellas artes; así como el desarrollo material de Nariño y Colombia.”
- Desde el 2009 la AU se ha dado su propio reglamento, modificado su composición y gozado del reconocimiento y respaldo de los Consejos Superior y Académico (cuyos delegados la componen como miembros honorarios) y de los sucesivos rectores, elegidos de manera directa por los estudiantes y los profesores (los sectores más amplios en la AU).
- Infortunadamente la UT ha transitado en un camino distinto de la UdeNar. La actual administración ha aprobado sin participación real y efectiva de la comunidad el Plan de Desarrollo 2013 – 2022, los Lineamientos Curriculares y el PEI, este último publicado con más de 180 errores de ortografía y con una definición del “ser” profesor universitario bastante pobre tanto conceptual como políticamente. Contrario a lo que debería, ninguno de estos documentos tiene valor para la vida universitaria, más allá de constituir metas de indicadores y requisitos institucionales para el proceso de acreditación de alta calidad.
- El documento de “política pública 2034” confeccionado por el CESU, con el concierto de la Ley de Inspección y Vigilancia impuesta por el MEN, pretende orientar las reformas estatutarias académico-administrativas que se empiezan a animar en varias universidades estatales. La pregunta por el cómo afrontará la UT esta coyuntura está en el centro del debate, ¿Le abriremos la puerta al paradigma tecnocrático universidad-empresa-estado (y a sus expertos) o defenderemos la autonomía universitaria con las herramientas de la democracia ancha y profunda (con todos y todas)?
Ese es el debate.
