Finalmente el Rector de la Universidad del Tolima y el Gobernador llegaron a un acuerdo: someter a la universidad a ley de quiebras, o Ley 550, un marco normativo creado para que las empresas privadas se sometieran a reestructuración de pasivos, pero que subrepticiamente se viene aplicando a entidades territoriales y a universidades estatales.
En la pasada sesión del Consejo Superior del alma mater, Barreto y Muñoz Ñungo, el primero con voto, el segundo con voz, apoyaron la propuesta – no agendada – del Ministerio de Educación, extraída del sombrero a último momento como esperando a que el cansancio y el “despiste” de los consejeros ayudara.
Al final, Presidencia, Ministerio y Gobernación dieron el sí, mientras que el estudiante, el profesor, el egresado, la representación de las autoridades académicas, la de los gremios económicos y la de los ex rectores dijo que no.
En realidad se trata de la carta de salvación del MEN para el Rector, a quien de hace tiempo protege con uñas y dientes, y del acuerdo de la ministra – y del gobierno Santos – con Barreto, luego de su promocionada pero poco deliberada reunión en Bogotá de hace unos meses.
La primera universidad en ser sometida al rigor de la ley de quiebra fue la del Atlántico. Diez años después, la decisión pesa como una vaca en una barbacoa: reintegración de trabajadores despedidos ilegalmente, millonarias indemnizaciones a profesores que jubilaron forzosamente, a jubilados asaltados en sus mesadas pensionales, a trabajadores despojados de los beneficios de sus convenciones colectivas.
A quienes no despidieron, les rebajaron el salario hasta en un 36 por ciento. Quienes entraron a trabajar luego del despido masivo, lo hicieron solo por Órdenes de Prestación de Servicios. Los estudiantes, por su parte, tuvieron un incremento en la matrícula del 500 por ciento. El atraso en materia académica y social es simplemente incalculable.
En resumen, como es natural en las crisis de las organizaciones públicas y privadas, los trabajadores pagan, a la sociedad le cuesta, pero quienes provocaron los agravios continúan como si nada.
Ana Sofía Mesa de Cuervo, quien de promotora de la Ley 550 en el Ministerio de Hacienda pasó a ser Rectora de la Universidad del Atlántico, en donde protagonizó la “horrible noche”, habría sido contratada supuestamente como asesora en la UT para ocuparse de los asuntos relacionados con la implementación de la ley de quiebra.
El pasado lunes, invitada por la dirección de la universidad, una de las promotoras de la ley expuso las ventajas y desventajas de su aplicación en la UT. Ante la inesperada reacción del auditorio, que prácticamente rechazó unánimemente la iniciativa, el Rector se retractó públicamente y aceptó que “no era conveniente”, aunque hace solo seis meses pedía autorización para poder aplicarla.
No obstante, la irresponsabilidad soberana con que maneja los asuntos de la universidad, por aquello de la descarada improvisación que lo caracteriza, ha conseguido que la credibilidad de José Herman Muñoz no vaya más allá de su equipo directivo, sus colegas de MUSA y algunas organizaciones estudiantiles, cooptadas hasta los huesos por la administración.
Quienes escuchamos sus justificaciones en el auditorio, sabemos que lo único que está esperando es que el Ministerio pase por encima de la comunidad universitaria y de sus organismos colegiados e imponga la ley de quiebra. Una decisión que Barreto acatará en silencio.
Ante la pregunta ¿Qué hacer?, solo hay una respuesta: autonomía y democracia, o para decirlo de forma más concreta: Asamblea Universitaria.
