Cajamarca, Ibagué y el Tolima se han convertido en referente nacional e internacional como estandartes de la defensa del ambiente sano, el territorio y el agua, en contra de la “locomotora minera” impulsada a raja tabla por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Las consultas populares, las multitudinarias marchas carnaval y su consigna plural “por la vida”, empiezan a ser emuladas en distintas regiones de Colombia y América Latina.
Ya no se trata del movimiento de resentidos y marihuaneros, como gustaba llamarlo a cierto sector de los medios y de la “dirigencia” económica y política del Tolima, sino que se ha convertido en una ingente vitrina de la diversidad cultural, política, sexual e intergeneracional de la ciudad y el departamento.
Algunos de sus líderes más representativos empiezan a ser vistos como una opción política viable en los ejecutivos y legislativos del departamento, y algunos de ellos, como el presidente del concejo de Cajamarca, se proyectan desde ya como una promesa cierta de cara al imperativo relevo generacional de una enmohecida y tremendamente mediocre clase política regional que necesita ser enterrada urgentemente.
La monumental marcha carnaval que surcó la carrera Quinta de Ibagué la semana pasada, es una muestra más de la buena salud del movimiento ambiental, así como de la absoluta ilegitimidad de Angolgold Ashanti y su proyecto minero La Colosa.
En anteriores oportunidades, algunos osados a sueldo salían a desprestigiar la marcha con el argumento de que la gente marchaba obligada, o que las calles quedaban sucias, o que había personas fumando marihuana. Nada medianamente serio, pero así es la guerra sucia.
No obstante, hoy ya nadie se atreve, públicamente, a hacerlo más. Incluso los perfiles falsos en redes sociales han menguado en sus campañas de desprestigio. La guerra se mantiene, pero en otros frentes, como el jurídico, aunque con cada vez menos probabilidades de éxito.
Esta vez gracias a la Corte Constitucional, cuya hermenéutica jurídica ha sido absolutamente coherente con los postulados de la Constitución del 91, de la cual es tribunal de cierre.
Han sido las últimas decisiones de la Corte, y no una supuesta resolución de jubilación, lo que dejó a Anglogold Ashanti sin uno de sus mejores hombres en el campo de batalla jurídico-político: el ex procurador regional ambiental y agrario, Ernesto Cardoso.
Su otro gran aliado, el gobernador, quien con piel de oveja ha defendido ferozmente la minería, ahora que se encuentra en plena consolidación de la “casa Barreto” y en campaña para la candidatura de su primo Miguel al Senado, lo que menos le conviene es hacer públicas sus posiciones como sí solía hacerlo en su primer mandato.
Pronto el silencio empezará a costar políticamente, no solo al gobernador sino también a sus aliados en la Cámara de Representantes “por el Tolima” que, de nuevo, están en campaña: Carlos Edward Osorio, José Elver Hernández y Miguel Barreto, quienes han estado alineados con el libreto prominero.
Los medios de comunicación, que bailan al son que les toque la pauta, jamás han sido aliados confiables, y el gobierno nacional solo tiene una llave para encender dos locomotoras: la de la paz y la de la minería. El asunto es que si enciende una apaga la otra.
Así las cosas, con muchas debilidades, lo único que le queda a Anglogold y a los promineros es centrar la presión en el Tribunal Administrativo del Tolima para que no apruebe la pregunta que finalmente viabilizará las consultas populares de Ibagué y Cajamarca.
Otra pelea que vaticino (y les deseo) perdida.
Nota: las Águilas Negras, quien quiera que sean, comprenden la fuerza del movimiento ambientalista y por eso lo mantienen bajo amenaza. Han ido más allá sentenciando incluso al alcalde de Ibagué. Para el gobierno nacional y departamental y los politólogos que los asesoran: ¿De verdad creen que amenazar permanentemente activistas que desarrollan su labor en el marco de la institucionalidad no es en sí mismo responder a una agenda política? La paz significa que no se repita la historia de la UP. Para Anglogold: ¿No les genera si quiera un poco de preocupación el hecho de que la oposición democrática a su proyecto tenga que lidiar con la presión de los grupos armados ilegales? Una empresa que se precie de tener un espíritu democrático tiene que rechazar públicamente cualquier tipo de intimidación, venga de donde venga.
