En los últimos días, y antes lo habían hecho los del calzado, se movilizaron en Medellín, Bogotá, Cali y otras ciudades los confeccionistas y los textileros, trabajadores y empresarios. Protestaron por su pésima situación económica, afectada en últimas por las importaciones legales e ilegales que autorizan o facilitan las políticas de libre comercio, incluidos los TLC y las bajas gratuitas de los aranceles.
Al igual que las maravillas exportadoras que nos pintaron en ese momento, también resultó falso que el contrabando desaparecería con la apertura de César Gaviria y de todos –¡de todos!– los siguientes gobiernos.
Según el Dane, en el segundo trimestre del año se perdieron más de 51 mil empleos en las confecciones. Pero como solo se evalúan empresas con más de 11 empleos y el 52 por ciento está en la informalidad, los trabajos perdidos sumaron más de cien mil. Todo por cuenta de unas importaciones desbocadas –además del contrabando–, que entre los meses de julio de 2016 y 2017 aumentaron 41 por ciento y llevaron a que el sector cayera en 14 por ciento.
Colombia no puede competir airoso en textil-confecciones y en calzado, tan importantes para el proceso industrial y el empleo. Y no puede hacerlo no por culpa de los empresarios y los trabajadores, sino por el llamado “costo país” –y por las facilidades a la entrada de productos extranjeros–, es decir, por lo escaso y costoso del crédito y las altas tarifas de la electricidad, por ejemplo.
Cuenta asimismo el bajísimo precio de la mano de obra de países como Vietnam, India y Bangladesh, cerca de la mitad del colombiano, que igual es parte del “costo país”. Las empresas menores también sufren porque su impuesto de renta es igual al de las trasnacionales. En esto sí se han negado los gobiernos a copiar a Estados Unidos y Europa, donde las tasas son mayores para las empresas más grandes y menores para las más pequeñas.
Lo peor es que esta es la historia de toda la industria –y la del agro–, empobrecida y quebrada, como lo advertimos, desde 1990. Cuando “los mismos con las mismas” decidieron sacrificar aún más la creación de riqueza nacional y el empleo, tras la falacia de que Colombia podía vivir solo de la gran minería y las inversiones y los créditos extranjeros, incluso en medio de la revaluación del peso frente al dólar que ellos mismos estimularon encareciendo las exportaciones y abaratando las importaciones.
Si los propagandistas de estas políticas sientan cátedra como sabios, no es porque tengan la razón, sino porque son publicistas de los intereses de las trasnacionales y de los pocos nativos que prosperan en medio de la profunda mediocridad del capitalismo colombiano, de apenas 5.800 dólares de producto por habitante.
Puede demostrarse además que esta mediocridad económica obedece a que nunca ningún gobierno, y menos desde 1990, promovió un proyecto de auténtico desarrollo nacional, el cual, como se sabe, debe montarse sobre el progreso de la industria y el agro.
Y como sucede cada cuatro años, los candidatos de “los mismos con las mismas” ya salieron a ofrecer pajaritos de oro para 2018, previa decisión de no hablar de este pasado, porque quedan en evidencia sus culpas como los únicos que han gobernado a Colombia y porque lo que en verdad ofrecen es hacer unos pequeños retoques para que todo siga igual de mal.
El desarrollo industrial y agropecuario del país, y el crecimiento del empleo y la disminución de las desigualdades, dependen de un amplio acuerdo nacional que tenga como objetivo una economía de mercado auténticamente moderna, algo que nunca ha ocurrido en Colombia.
Entre sus medidas deben estar: no pactar más TLC y renegociar los actuales, aumentar los aranceles reducidos gratuitamente, crear un Ministerio de la pequeña y mediana economía urbana y rural, que el sector financiero le aporte en serio a este objetivo, reducir las tarifas de la electricidad, bajar el impuesto de renta de las pequeñas y medianas empresas y promover el avance científico y tecnológico, al igual que medidas que mejoren el ingreso y la capacidad de compra de los colombianos.
Coletilla. ¡Una gran noticia para el país! Por demanda que interpusimos, el Consejo de Estado anuló un concepto de la Dian que, contra la ley, les regaló a las trasnacionales mineras impuestos por 13 billones de pesos desde 2005, suma que tendrían que devolverle al país. Hacia adelante, a Colombia le entrarán más de un billón de pesos al año por esta sentencia. Nueva prueba de que luchar sí sirve (http://bit.ly/2gOZ0hd).
