Hasta hace unas décadas, quizá unos años, los profesores tenían la palabra. Y esa palabra no hacía referencia a si ejercían sus derechos o podían salir a manifestarse en contra de las políticas minimizadoras del Estado, que siempre les ha hecho recortes a su presupuesto y persigue sus ganancias históricas.
La palabra de los profesores era respetada no por sabia sino por impuesta. Así como la palabra del cura en el pulpito, la del docente en las aulas era respetada cuan impuesta por reivindicar esas ideas que modelaban la realidad y que eficientemente reproducían valores nacionales y de las instituciones, instituidas por las jerarquías centrales de la sociedad colombiana.
Hoy que en la agenda del país rondan temas como la participación ciudadana frente a las decisiones en torno a la paz, la inclusión del enfoque de género en la formación de los niños y jóvenes, la conservación del territorio y la soberanía del mismo, entre otros de interés general; surge un interrogante sobre el papel o la posición que deben asumir los profesores y profesoras en las aulas de clase frente al abordaje de estos problemas sociales y el grado de involucramiento de su posición en las dinámicas y discusiones que se proponen para tratarlos, hoy que los docentes ya no tienen la palabra.
Y no tienen la palabra porque desde la formación de la perspectiva pedagógica tradicional, se ha considerado que el docente no debe involucrar en el aula su posición en los distintos debates que se tengan sobre temas que afecten a la sociedad y que debe ser si bien no “neutral”, si un árbitro para que estas ideas se debatan y los estudiantes puedan ganar criterios para enfrentar con argumentos sus decisiones; pero ¿es ese hoy el papel de los docentes en el aula de clase?
Frente a la manipulación mediática con la que se tratan estos temas, a la tergiversación de algunos conceptos como la reconocida inclusión de género por la no existente “ideología de género”, los profesores como orientadores entran en un gran dilema al enfrentar a los padres y a los estudiantes que han interiorizado esas falsas ideas y que como verdades absolutas no permiten discusión, ni exposición de argumentos con los cuales se confronten muchas mentiras que han servido para deformar las intenciones reales de los temas con los cuales se ha abierto el debate público.
La función de los docentes es la orientación de procesos académicos en distintos niveles, el desarrollo de temáticas específicas de acuerdo a su especialidad y llevar a los estudiantes a construir un pensamiento crítico frente a lo que sucede en la sociedad; todo esto se resume en la formación para la ciudadanía que involucra lo que el profesor piensa y de lo cual está convencido como ciudadano, independientemente de sí está en consonancia con lo que los padres de familia o los estudiantes creen o se han convencido desde lo que han recibido a través de los medios de comunicación, de su iglesia o de las demás instituciones que proyectan ideas particulares, sin mayores argumentos que los motivados por las pasiones o creencias.
El dilema o dilemas en los que se encuentran los profesores hoy por entrar en un debate de sí se esclarece que no hay una ideología de género que va a corromper a los niños, por ejemplo, y que lo que se va a trabajar es la inclusión desde el enfoque de género en la cual se les enseñará a los estudiantes desde la diversidad el respeto a la diferencia; hace pensar que el papel del profesor en el aula de clase debe girar en torno a defender los derechos humanos que todos tenemos como ciudadanos y que la democracia hace efectivos para que podamos estar juntos, reivindicándonos como ciudadanos y no excluyendo a los que no cumplen con la regla heterosexual normativa que se impone socialmente.
La función real de los docentes es no invisibilizarse como ciudadanos, ganar en argumentos para confrontar a quienes hacen parte de la comunidad académica, padres, estudiantes o quienes quieren instalar ideas falsas sobre los temas de interés público y general, que desconocen las garantías constitucionales de los ciudadanos y que pasan por encima una cantidad de reivindicaciones sociales ganadas con aplomo y lucha de muchos sectores sociales que nunca fueron reconocidos, hasta cuando trabajaron por mejorar su situación.
Hacer valer los derechos humanos y la ciudadanía de todos, es la función de un profesor como profesional y ciudadano en el pleno ejercicio de sus facultades, sin limitarse a discutir por estar en un aula de clases en la que niños, jóvenes, otros profesores o padres de familia vayan a estar en acuerdo o desacuerdo con sus argumentos, así piensen parecido, distinto o tengan ideas de exclusión e inequidad que quieran a la fuerza, imponer. De esa manera, los profesores recobran la palabra, esta vez sin ser impuesta pero si siendo discursiva, abierta y deliberativa, pero sobre todo, incluyente.