De aplazamiento en aplazamiento. Así se la ha pasado la Procuraduría General de la Nación en el proceso disciplinario que adelanta contra el alcalde de Mariquita, Alejandro Galindo, el cual fue trasladado para Bogotá hace un año.
En esta ocasión, la audiencia de lectura de fallo en contra del mandatario, programada para jueves, fue suspendida por «disponibilidad de salas y razones de agenda del despacho».
De este modo, la diligencia se programó nuevamente para el próximo 2 de abril, a las 10:00 de la mañana, en la sala de audiencias 1 del Ministerio Público, en la capital del país. (Ver: Alcalde que estafó a su pueblo viaja por Europa y Asia mientras su esposa está en prisión)
Estas dilaciones de la Procuraduría General de la Nación obedecen, presuntamente, a que Galindo tiene como padrinos políticos a Emilio Martínez y Mauricio Jaramillo, dirigentes del partido Cambio Radical y Liberal, respectivamente, quienes son amigos de parranda del procurador Fernando Carrillo. (Ver: La parranda del procurador Carrillo con los políticos del Tolima)
Estas dos organizaciones políticas le dieron el aval al Alcalde de Mariquita en los pasados comicios regionales del año 2015, en los que resultó elegido con más de 12.000 votos.
Por esa razón, no sería raro, según fuentes cercanas al proceso, que el Ministerio Público le impusiera una sanción leve al mandatario, como la de los concejales de Ibagué, quienes fueron suspendidos por nueve meses para ejercer su cargo, pese a haber elegido de manera irregular a Ramiro Sánchez como Contralor Municipal.
En este sentido, mientras la Procuraduría sigue dilatando el proceso, la Fiscalía General de la Nación avanza sin contratiempos. El próximo 20 de marzo, a las 10:00 de la mañana, en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con función de garantías, Galindo fue citado para que responda por el presunto delito de prevaricato por acción. (Ver: Fiscalía imputará cargos al polémico alcalde de Mariquita, Alejandro Galindo)
El lío penal que enfrenta el mandatario se generó por una decisión, al parecer arbitraria, con la que intentó tomarse por la fuerza la Empresa de Servicios Públicos de Mariquita, Espuma, y de la cual el 30 % de las acciones le pertenecen al Municipio. El 70 % pertenece a una sociedad de empresarios del Tolima.