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Quienes pensaban que los 16 concejales de Ibagué investigados por la elección irregular del Contralor de Ibagué, Ramiro Sánchez, podrían resultar destituidos e inhabilitados por la Procuraduría Regional del Tolima, se equivocaron.
Como era de esperarse, la investigación disciplinaria -tal y como está montada- no les traerá consecuencias graves a los cabildantes, según el análisis que hizo un grupo de abogados expertos consultados por ELOLFATO.COM. (Ver: Consejo de Estado ‘tumbó’ la elección del Contralor de Ibagué)
La conclusión es que la ‘jugada’ de desatender el concurso de méritos y elegir como Contralor Municipal a Ramiro Sánchez, quien estaba inhabilitado para ocupar dicho cargo, les generará en el peor de los escenarios una sanción de máximo 12 meses.
Resulta que en el auto de citación de la audiencia de juicio oral en contra de los 16 concejales investigados, el procurador regional del Tolima, Gillest Trujillo, determinó que: «En esta etapa del proceso las faltas de los funcionarios del concejo fueron calificadas como gravísima, cometidas con culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones».
El Código Único Disciplinario establece que cuando la falta y la culpa son gravísimas, los funcionarios investigados podrían ser destituidos por un periodo que va de 10 y 20 años.
Pero en el caso de los concejales de Ibagué, el Ministerio Público calificó la falta como gravísima pero la culpa la tipificó como grave y en estos casos la sanción va de uno a 12 meses de suspensión del cargo. (Ver: El chisme que no le sirvió al Concejo de Ibagué para defender elección ilegal de Ramiro Sánchez)
Lo que Procuraduría no vio
De acuerdo con el auto de la Procuraduría, a los 16 concejales de Ibagué deben responder por elegir como Contralor Municipal a un funcionario que estaba «inhabilitado para el ejercicio del cargo, por haberse desempeñado dentro de los 12 meses anteriores a su elección como director territorial Tolima de la Escuela Superior de Administración Publica, Esap, tiempo durante el cual suscribió varios contratos y convenios con entidades u organismos del sector central o descentralizado«.
Eso quiere decir que el Ministerio Público únicamente se ocupó de la elección del funcionario inhabilitado pero no hizo ninguna referencia al tema de fondo: el desconocimiento del concurso de méritos. (Ver: Al banquillo de los acusados pasan 16 concejales de Ibagué)
Los abogados de la Procuraduría Regional, al parecer, no quisieron entrar a investigar a los concejales de Ibagué por cambiar las reglas de juego del concurso de méritos para votar -en bloque- por el exdirector de la Esap, quien tendría el apoyo de los partidos Liberal y Cambio Radical.
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Precisamente, gracias a esa maniobra, los cabildantes escogieron al concursante que obtuvo el tercer lugar (Ramiro Sánchez) y dejaron a un lado a la aspirante que obtuvo la puntuación más alta (Marcela Jaramillo).
Lo que dijo el Consejo de Estado
Vale la pena recordar que el concurso de méritos determinó que: «sólo formarían parte de la lista de elegibles las personas que obtuvieran un puntaje final igual o superior al 80% del total del valor porcentual equivalente al 100%».
Cuando los concejales vieron que Ramiro Sánchez no alcanzó el puntaje necesario, incluyeron una modificación en la convocatoria para ya no fuera una «lista de elegibles» sino una «lista de aspirantes», situación que posibilitó que pudieran participar Sánchez y otros concursantes que obtuvieron calificaciones por debajo de las exigidas.
«De esta manera, el Concejo municipal de Ibagué afectó la validez del proceso de allí en adelante, irregularidad que se materializó cuando, mediante la resolución No. 005 del 8 de enero de 2016, conformó la ahora llamada “lista de aspirantes” en la cual incluyó personas que no obtuvieron un puntaje final igual o superior al 80% del total del valor porcentual equivalente al 100%, por cuanto no desarrolló el principio del mérito, y cuando el 9 de enero de 2016 eligió como Contralor municipal al señor Ramiro Sánchez, quien no obtuvo el puntaje referenciado y, además, vulneró el derecho subjetivo en cabeza de quien ocupó el primer puesto en la lista de elegibles», advirtió el Consejo de Estado.
La Procuraduría Regional de Tolima convocó la udiencia pública el próximo miércoles 31 de mayo, a partir de las 8:30 de la mañana, por presunta violación al régimen de inhabilidades.
Los implicados son: Víctor Julio Ariza Loaiza, Juan Evangelista Ávila Sánchez, Jorge Luciano Bolívar Torres, Carlos Andrés Castro León, Camilo Ernesto Delgado Herrera, Víctor Hugo Gracia Contreras, Harold Oswaldo Lopera Rodríguez, Hasbleidy Morales Lozano, Ernesto Ortiz Aguilar, Linda Esperanza Perdomo Ramírez, Carlos Andrés Portela Calderón, Humberto Quintero García, Marco Tulio Quiroga Mendieta, Flavio William Rosas Jurado, Oswaldo Rubio Martínez y William Santiago Molina.
