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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, precisó que dentro de los cuatro meses anteriores al proceso electoral, que inicia el 10 de noviembre 2017, está prohibida cualquier actividad que haga parte de las restricciones señaladas en la Ley de Garantías Electorales.
Dentro de los impedimentos se encuentran la celebración de convenios interadministrativos o contratación directa, modificación de nómina en las entidades o entes territoriales, inauguración de obras y las demás restricciones señaladas en dicha ley.
De igual manera, Carrillo indicó a las entidades públicas del nivel territorial que “deben abstenerse de ejecutar recursos públicos a través de la modalidad de contratación directa, salvo las excepciones previstas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 y demás normas que regulen la materia”.
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Además, advirtió que “el incumplimiento de esta circular, que constituye una acción preventiva en materia contractual, dará lugar a investigaciones disciplinarias bajo los parámetros de la Ley 734 de 2002, como consecuencia del incumplimiento de la misma y el ordenamiento jurídico vigente”.
