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La Procuraduría General de la Nación inició este miércoles la audiencia de formulación de cargos contra el rector del Conservatorio del Tolima, James Enrique Fernández Córdoba, en el marco de una investigación disciplinaria que le adelanta por su presunta responsabilidad en el desacato de una acción de tutela, que le ordenaba responder un derecho de petición.
La audiencia, presidida por la procuradora Regional, Valentina Mahecha Varón, hace parte del procedimiento especial verbal en el que el Ministerio Público le imputa cargos disciplinarios al rector de la Institución de Educación Superior Conservatorio del Tolima a título de “culpa grave”. (Ver: Ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, inauguró obras del Conservatorio del Tolima)
El caso llegó a la Procuraduría por una compulsa de copias que realizó el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, al resolver un incidente de desacato de tutela contra James Fernández, en febrero del 2017.
Según el expediente, el rector violó el derecho fundamental de petición al no responder conforme a la ley una solicitud que le hizo el diputado del Tolima, Milton Restrepo Ruiz, en agosto del 2016.
En ese entonces el diputado Restrepo le solicitó a Fernández la expedición de copias de documentos de carácter financiero, contable y administrativo de la ejecución presupuestal del Conservatorio del Tolima en los últimos años. (Ver: La U. del Tolima, el Conservatorio y el ITFIP de El Espinal tienen alto riesgo de corrupción)
Sin embargo, el rector no habría contestado el derecho de petición como lo ordenan las normas. Primero habría respondido al accionante con evasivas y de manera no concreta. Luego, el investigado envió los documentos al diputado, pero lo hizo por fuera del término de 10 días que le ordenaba un fallo.
El rector del Conservatorio del Tolima le afirmó a EL OLFATO que no estuvo presente en la audiencia, que se encontraba en la ciudad de Bogotá y que envió a su abogado a que lo representara ante la Procuraduría. (Ver: Procuraduría indaga a funcionarios de Secretaría de Salud del Tolima por pago a IPS y otras anomalías)
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“No era necesario que yo estuviera presente, eso lo lleva un abogado, el doctor Antonio París, un abogado muy famoso, muy conocido”, afirmó Fernández, quien se abstuvo de hablar de los señalamientos del ente de control.
El Código Único Disciplinario reglamenta que en la audiencia del procedimiento verbal el investigado podrá dar su propia versión de los hechos y aportar y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia.
Lo cierto es que al citar a la audiencia al rector del Conservatorio, la Procuraduría consideró que el funcionario pudo haber desconocido los principios que rigen la función pública como la moralidad, eficacia y celeridad.
“El disciplinable tenía el deber constitucional y legal de responder de fondo y congruentemente la petición formulada en su dependencia, dejando indefinida la situación de incertidumbre puesta en conocimiento de su despacho”, argumentó el Ministerio Público.
Y agrega que con su accionar, el rector del Conservatorio “afectó la administración pública, en la medida que impidió que un diputado de la Asamblea del Tolima tuviera acceso a una documentación pública, hasta el punto que tuvo que acudir ante una autoridad judicial para que los documentos le fueren entregados”.
