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Detrás de la declaración de nulidad de la elección del Personero Municipal, Julián Prada, que el Tribunal Administrativo del Tolima decretó la semana pasada, está la suerte de los concejales que votaron tanto por Prada como por el Contralor de Ibagué, Ramiro Sánchez. Ambos, presuntamente, inhabilitados por haber intervenido en la celebración de contratos con el Estado, un año antes de sus elecciones. (Ver: Tribunal Administrativo del Tolima anula elección de Personero de Ibagué)
Pero los concejales involucrados en estas cuestionadas elecciones guardan la esperanza de que sus procesos caigan en manos de los abogados de la Procuraduría Regional del Tolima que ‘engavetan procesos’, como ocurrió con el exadministrador del Aeropuerto Perales de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, quien usó indebidamente la terminal aérea para realizar competencias ilegales de automovilismo, y, hoy, dos años después -pese a las abundantes pruebas-, sigue su carrera política ahora como secretario de Infraestructura del Tolima. (Ver: Procuraduría le pone la lupa a funcionaria de esa entidad por ‘engavetar’ proceso de Andrés Hurtado)
Los cabildantes confían en que el Ministerio Público se preste para que los procesos disciplinarios tarden lo suficiente para que ellos puedan terminar sus periodos constitucionales. Y parece que así será. Mientras el Tribunal Administrativo del Tolima ya tiene un fallo de primera instancia en contra del Personero de Ibagué y en pocos días será la audiencia del Contralor, la Procuraduría ni siquiera ha abierto una investigación formal.
El verdadero eje del asunto radica en la forma en que la Procuraduría Regional lleve a cabo el proceso investigativo. El artículo 175 del Estatuto Disciplinario Único prevé que este tipo de conductas – la de nombrar a quien está inhabilitado – debe tramitarse a través del procedimiento verbal, lo que origina que el trámite se lleve a cabo en audiencias públicas y deba fallarse con gran celeridad.
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Sin embargo, los hilos políticos podrían variar la interpretación de la norma y convertirlo en un proceso ordinario, lo que sería en camino más seguro para mantener a los concejales en el cargo durante los próximos cuatro años.
El abogado Wilson Leal publicó en su página web un comunicado de la Procuraduría General de la Nación en el que cita a un proceso verbal a los concejales del Distrito de Cartagena por irregularidades en la elección del Contralor Distrital, un caso calcado al que hoy se investiga en la Procuraduría. (Ver comunicado de la Procuraduría General de la Nación)
Ahora, solo resta esperar si la Procuraduría Regional del Tolima continúa con sus ritmos propios, y le ‘echa una manita’ a los concejales de Ibagué, o sigue el ejemplo de Cartagena y realiza un proceso verbal que permita depurar el cuestionado Concejo Municipal.
