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La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta por la calidad del aire que respiran los colombianos, e instó a las autoridades del orden nacional y territorial a tomar medidas urgentes de control y vigilancia al parque automotor que circula por las vías del país, la calidad de los combustibles, y a la adopción de nuevas tecnologías que cumplan con estándares internacionales.
El ente advirtió también que es inaplazable que en el país se replique la experiencia de Medellín, donde la intervención del Ministerio Público logró que Ecopetrol atendiera la petición de la alcaldía y cambiara la fórmula de los combustibles que se comercializan en la capital de Antioquia y el Valle de Aburrá.
Para la Procuraduría, de no haber cambios inmediatos se seguirá poniendo en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos y las condiciones del medioambiente; lo que dejaría a Colombia en un nivel de atraso frente a los estándares internacionales que actualmente se aplican.
El Ministerio Público señaló que el contaminante que más afecta a la salud de los colombianos en las grandes ciudades es el material particulado, emitido principalmente por camiones, volquetas, motos de cuatro y dos tiempos, buses, autos e industrias. Según el Observatorio Nacional de Salud en el país anualmente mueren cerca de 11.000 personas por causa del material particulado presente en el aire.
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El ente de control exhortó a los ministerios de Transporte, Ambiente, Salud, Minas, Industria y Comercio, la Superintendencia de Puertos y Transporte, las corporaciones autónomas regionales y a los alcaldes municipales, para que den estricto cumplimiento a las normas encaminadas a reducir las concentraciones de contaminantes que afectan la salud humana y la calidad del ambiente.
La Procuraduría hizo un llamado al Ministerio de Transporte y a las autoridades locales a cumplir con su deber de exigir la reposición del parque automotor que haya cumplido su vida útil de 20 años y la vigilar el trabajo que realizan los centros de diagnóstico.
Recordó también que el Código Nacional de Tránsito en su artículo 122 facultó a las autoridades a sancionar a los conductores, propietarios, y empresas transportistas, por la violación de las regulaciones, prohibiciones o restricciones sobre emisiones contaminantes, que pueden ir desde la amonestación, multa, inmovilización del vehículo, hasta la cancelación definitiva de la licencia de conducción.
