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Por una presunta violación a los principios de transparencia, selección objetiva y libre, responsabilidad y economía, ordenados en la Ley 80 de contratación pública, la Procuraduría inició investigación disciplinaria contra el gobernador del Tolima, Óscar Barreto; el contralor del departamento, Edilberto Pava, y cuatro funcionarios más de la administración seccional. (Ver: Procuraduría le llama la atención a la Gobernación del Tolima por alimentación escolar)
La investigación también incluye al secretario de Educación, Jairo Cardona; la directora de Contratación, Paola Arbeláez, y la directora de Asuntos Jurídicos, Dora Montaña.
El caso tiene relación con posibles anomalías en la declaración de la urgencia manifiesta de febrero del 2016 para cumplir con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en los colegios públicos del Tolima. (Ver: Gobernación en la mira de la Procuraduría por retraso en la implementación del programa de alimentación)
El abogado Jonhatan Manjarrés Díaz informó que este miércoles fue notificado de la apertura de la investigación contra Barreto y los citados funcionarios por parte de la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado y afirmó que el proceso está en su etapa preliminar.
“Me informaron que evidentemente ya se iniciaron las diligencias de versión libre y el procurador delegado ante el Consejo de Estado me llamó para ampliar la queja y abrió la investigación con indicativo serial, lo que da a entender que ya existe una investigación preliminar contra el Gobernador del Tolima”, dijo el abogado a EL OLFATO. (Ver: Gobernación responde a la Procuraduría por cuestionamientos al programa de alimentación escolar)
Explicó que la investigación de la Procuraduría tiene su origen en que la Gobernación habría “liquidado de manera abrupta” un contrato con la Unión Temporal Nutrir Tolima 2015.
Ese contrato, según el abogado, estaba vigente y en proceso de cumplimiento, pero fue liquidado en febrero del 2016 cuando faltaban 20 días para su ejecución.
Al parecer, el objetivo era contratar de manera directa el servicio de alimentación escolar con la Fundación Construyamos Colombia por $10.000 millones, amparados en la urgencia manifiesta y sin otros proponentes.
“Nosotros actuamos para exigir la reclamación del equilibrio financiero del contrato y la reparación de los daños y perjuicios que le causaron al contratista por no dejarlo terminar su contrato”, afirmó el abogado.
En forma paralela al proceso disciplinario, en el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué avanza otro por los mismos hechos.
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En la queja presentada por Manjarrés a la Procuraduría también señaló a la Contraloría Departamental por no actuar en defensa de los recursos públicos del Tolima. (Ver: Procurador pide al nuevo gobierno garantizar financiamiento del PAE)
“La Contraloría se limitó a decir todo lo que sustentó la Gobernación, pero todos sabemos cómo opera la Contraloría en el Tolima, no puedo decir más”, agregó el abogado.
El proceso fue trasladado al conocimiento de la Procuraduría en Bogotá por la investidura del gobernador óscar Barreto, pero además, por la connotación nacional de las investigaciones sobre el manejo irregular de los recursos del Plan de Alimentación Eascolar.
Precisamente, se espera que el Ministerio Público actúe con prontitud por el interés del caso, pero legalmente la Procuraduría tiene 5 años para decidir.
Respuesta de la Gobernación
Al reaccionar sobre la decisión de la Procuraduría, la Gobernación del Tolima, a través de la directora del Departamento Jurídico, Dora Patricia Montaña, informó que el Ministerio Público notificó el lunes pasado a todos los funcionarios investigados.
“Hemos sido respetuosos de los procedimientos de los organismos de control, estamos atentos a todos los requerimientos”, afirmó Montaña.
La directora Jurídica dijo que entre las personas notificadas e investigadas también está el exsecretario de Planeación Fabián Zábala Cifuentes.
