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La Procuraduría Regional del Tolima abrió indagación preliminar en contra del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, y nueve concejales gobiernistas quienes habrían pactado beneficios burocráticos para aprobar el proyecto que permitió la ampliación de la planta de personal de la Administración Municipal. (Ver: Como se anticipó: Concejo de Ibagué aprobó ampliación de la planta de personal de la Alcaldía)
El Ministerio Público busca establecer si se configuró un “presunto tráfico de influencias atribuibles a concejales del municipio de Ibagué al favorecer la ponencia del proyecto que amplía la planta de personal de la Alcaldía de Ibagué a cambio de cargos”.
Los implicados en este proceso disciplinario son: Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, y los concejales Ernesto Ortiz (Liberal), Juan Pablo Salazar (Conservador), Linda Esperanza Perdomo (Alianza Verde), Marco Tulio Quiroga (La Rosita – amigo de infancia del alcalde), Martha Ruíz (La U), Víctor Hugo Gracia (Cambio Radical), Víctor Ariza (Aico), William Rosas (Alianza Verde) y William Santiago (Firmes por Ibagué).
El pasado 30 de noviembre, el día de la votación, EL OLFATO reveló el testimonio de un funcionario de la Alcaldía de Ibagué, quien contó del presunto acuerdo que había hecho el gobierno municipal con los concejales de la mayoría. (Ver: ¿Concejales ‘negociaron’ su respaldo al proyecto que amplía la planta de personal de la Alcaldía de Ibagué)
“El proyecto que amplía la planta de personal de la Alcaldía de Ibagué pasa porque pasa. El alcalde (Jaramillo) les pidió a Juan Espinosa (Secretario de Hacienda) y a Amparo Betancourt (Secretaria Administrativa) que cuadraran con los concejales de la mayoría, uno por uno, porque ese proyecto no se puede hundir. La información que tengo es que se les va a repartir cinco puestos a cada uno de los concejales de la mayoría. Es decir: les repartirán 65 cargos a los 13 concejales del gobierno”, aseguró la fuente, quien pidió mantener su nombre en reserva por temor a ser despedido el año entrante.
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Horas después de publicarse esta denuncia, el Concejo de Ibagué votó a favor de la ampliación de la planta de personal de la Alcaldía, y que permite la creación de 268 nuevos cargos oficiales en los niveles directivo, profesional y asistencial, en una primera fase. Esta operación burocrática le costará a la ciudad, en principio, más de $16.000 millones.
Durante el trámite del polémico proyecto llamó la atención el número de ponentes que tuvo esta iniciativa. No fueron dos o tres como siempre ocurre. Esta vez, nueve concejales se interesaron en rendir ponencia positiva, es decir, los mismos cabildantes ahora son investigados por la Procuraduría. (Ver: Los $200 millones que unen al Alcalde de Ibagué y al presidente del Concejo Municipal)
El Acuerdo que permite la ampliación de la planta de personal de la Alcaldía de Ibagué contó con el respaldo de los cabildantes de las mayorías: Víctor Ariza, Juan Ávila, Víctor Gracia, Luis Alberto Lozano, Ernesto Ortiz, Linda Perdomo, Marco Tulio Quiroga, William Rosas, Oswaldo Rubio, Martha Ruiz y William Santiago Molina.
Entre tanto, los concejales Camilo Delgado, Harold Lopera y Hasbleidy Morales, votaron en contra de la iniciativa. Lo propio hicieron Jorge Bolívar, Pedro Mora y Humberto Quintero, quienes se abstuvieron de votar.
