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El pago irregular que realizó la Secretaría de Salud del Tolima a la Corporación IPS Hospital, el cual justificaron como un “error involuntario” por parte de un funcionario, sigue en la mira de las autoridades.
Luego de que la Fiscalía judicializara el caso, la Procuraduría General de la Nación acaba de anunciar que abrió indagación preliminar contra la secretaria de Salud, Sandra Liliana Torres Díaz; el director de Seguridad Social, Luis Eduardo González, y el técnico operativo de Seguridad Social, Kristian Hernando Legro Salazar, quien supuestamente fue el responsable de este millonario “error”. (Ver: Secretaría de Salud del Tolima bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación)
Este proceso se abre luego de que EL OLFATO denunciara, en su edición impresa del 27 de agosto de 2018, que el pago por más de $1.000 millones a este contratista va más allá de una simple equivocación humana, como lo explicó Sandra Liliana Torres a los medios de comunicación. (Ver: Contratista favorecido con el supuesto “error” de $1.000 millones, resultó ser un exsubalterno de la secretaria de Salud)
Tras hacer las debidas averiguaciones, el ente de control señaló que los involucrados serán investigados por la posible falsedad en documentos relacionados con este caso.
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“Al parecer los disciplinados habrían efectuado un doble desembolso a la Corporación IPS Hospital por varias facturas de medicamentos de alto costo, que posiblemente podrían haber superado los $2.000 millones”, precisó el Ministerio Público a través de un comunicado. (Ver: Funcionarios de la Secretaría de Salud del Tolima deben responder por pagos indebidos)
Y agregó que también “indaga a funcionarios en averiguación de la Secretaría de Salud y la Gobernación del Tolima, por la posible falsedad de documentos relacionados con un convenio suscrito con la Fundación Solidaridad, por cerca de $1.300 millones, hechos que también son investigados por la Fiscalía General”.
Por otro lado, en el mismo documento se establece que los funcionarios son sujetos de investigación por el caso de la supuesta falsificación de firmas en el marco del convenio “celebrado con el Hospital San Juan Bautista, de Chaparral (Tolima), y la posible obstrucción a la investigación penal por parte de funcionarios de la Secretaría de Salud, que habrían reportado como perdidos algunos documentos originales solicitados por la Fiscalía”.
