Publicidad
El alcalde de Prado, Álvaro González Murillo, es sin lugar a dudas uno de los mandatarios locales más investigados del Tolima. A sus líos penales se suma ahora un proceso disciplinario por la presunta utilización irregular de la figura de urgencia manifiesta para adjudicar contratos de manera directa.
La Procuraduría General de la Nación citó a González Murillo a una audiencia que se cumplirá el día 25 de abril de 2018, a partir de las 9:00 de la mañana, en la Procuraduría Provincial de Chaparral, para que responda por dos contratos adjudicados en el primer año de su mandato.
Al Alcalde de Prado es investigado por adjudicar de manera directa -o a dedo dos contratos- con la Unión Temporal Puente Prado Río Negro 2016 y con la sociedad comercial Simwa Ingeniería y Diseño S.A.S., sin acudir a los procesos de selección legalmente establecidos: licitación y concurso de méritos.
En segundo lugar, se le reprocha el presunto uso indebido de la declaratoria de urgencia manifiesta y la omisión del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que reglamenta la adecuada utilización de esta figura y del 43 que determina que este comportamiento “será causal de mala conducta”, explicó la Procuraduría.
Para el Ministerio Público el mandatario debió proteger los intereses de la administración municipal, precaviendo cualquier infracción a las normas de contratación estatal y sometiéndose a la normatividad, los reglamentos y planes definidos para el ejercicio de su función y, al parecer, no lo hizo.
Publicidad
Las faltas de González Murillo fueron calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima, toda vez que, al parecer, el mandatario habría violado reglas de obligatorio cumplimiento.
Recordemos que el Alcalde de Prado fue detenido por el CTI en enero de este año, en el marco de una investigación que adelanta la Fiscalía en su contra por la contratación aparentemente indebida de un puente por $2.300 millones. El ente acusador lo considera responsable de los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. (Ver: CTI capturó al Alcalde de Prado)
Sin embargo, el juez del caso decidió dejarlo en libertad dos días después de su detención porque no representa un peligro para la sociedad. El alcalde González fue elegido con el aval del partido de La U.
