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Un concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación, en el marco del proceso de nulidad electoral que se adelanta en contra del rector de la Universidad del Tolima, Ómar Mejía, aclaró algunas dudas jurídicas que existen alrededor de la elección del directivo.
Pese a que en el documento el Ministerio Público solicita al Consejo de Estado confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo en primera instancia y anular la elección de Mejía, también esclarece las controversias que giran en torno a este proceso. (Ver: Tribunal Administrativo anuló elección del rector de la Universidad del Tolima)
En el concepto, que consta de 34 folios, se desvirtúan los argumentos expuestos por Félix Salgado, dirigente sindical y profesor de la Universidad del Tolima, los cuales llevaron a que el Tribunal Administrativo anulara la elección de Mejía el pasado 2 de noviembre.
En la demanda del docente se hablaba de unas presuntas inhabilidades que recaían sobre el rector, como la relacionada con una supuesta relección y la imposibilidad de algunos miembros del Consejo Superior de la institución para votar.
Sin embargo, la Procuraduría determinó que Mejía al haber estado encargado de la rectoría de forma interina, tenía el derecho de participar en una elección en propiedad, sin que eso necesariamente significara que fuera reelecto.
Además, aclaró que los Consejeros que participaron en la elección estaban facultados para votar, pues así lo establecía el Acuerdo 031 del Consejo Superior.
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En cuanto a la modificación del estatuto, a la que apelaba Salgado, el Ministerio Público también enfatizó que lo que se hizo fue una modificación a la reglamentación, más no al estatuto, como había afirmado el profesor. Por tanto, este proceso no exigía el número de votos alegado por el dirigente sindical.
No obstante, el concepto también indica que Mejía participó de sesiones en donde se discutieron los asuntos relacionados con la elección, razón por la que «habría tenido una posición privilegiada frente a los otros candidatos».
Sin embargo, la institución educativa aportó las evidencias que demuestran que el directivo se retiró de todas las sesiones en las que se discutieron temas relacionados con el proceso de elección y el cronograma del mismo.
Así las cosas, en manos del Consejo de Estado se encuentra la decisión de mantener la anulación de la elección del rector, o por el contrario, ratificar el proceso.
