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La Procuraduría Provincial de Ibagué abrió una indagación preliminar, en averiguación de responsables, para determinar la supuesta participación en política de un contratista que laboraría en la Alcaldía de Ibagué.
El proceso se abrió tras la denuncia que hizo ELOLFATO.COM, el pasado 28 de octubre, en la que se probó que uno de los integrantes del comité encargado de recoger firmas para el precandidato presidencial Gustavo Petro es un contratista de la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, exsubalterno del ahora aspirante. (Ver: Contratista de la Alcaldía de Ibagué recogió firmas para el candidato Gustavo Petro)
«De acuerdo con la noticia del portal web ELOLFATO.COM del 28 de octubre de 2017, el precandidato presidencial Gustavo Petro en su cuenta de twitter dio a conocer el éxito de su campaña de recolección de firmas en el país, indicando que reunió 16.530 firmas gracias al trabajo de su equipo, dentro del cual se encontraría Jorge Luis Jiménez Martínez, vinculado a través de contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de Ibagué», dice el comunicado de la Procuraduría General de la Nación. (Ver comunicado de la Procuraduría)
De acuerdo con la revelación hecha por esta redacción, Jorge Luis Jiménez Martínez tiene un contrato de prestación de servicios por valor de $15 millones con la Secretaría Administrativa, con un plazo de ejecución de 10 meses.
Sin embargo, por su sitio de trabajo pocas veces aparece porque mantiene en «reuniones», aseguró Nelly Flórez, la funcionaria responsable del Archivo Histórico de Ibagué, área en la fue asignado este contratista.
Por esta razón, la Procuraduría «ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, y establecer si se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad».
¿Procuraduría parcializada?
Esta indagación preliminar tiene muchas diferencias con la que anunció el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, el pasado 24 de octubre, en contra de varios funcionarios en el país que estarían recogiendo firmas para la candidatura de Germán Vargas Lleras. (Ver: Contratistas de la Gobernación fueron obligados a recogerle firmas a Germán Vargas Lleras)
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También por una denuncia de este portal, Carrillo ordenó abrir una indagación -directamente- en contra del gobernador Óscar Barreto por presunta presión a contratistas para participar en política en apoyo a la aspiración presidencial por firmas del candidato Germán Vargas Lleras. (Ver: Procuraduría abre indagación en contra del Gobernador del Tolima y la Alcaldesa de Lérida)
Además, ordenó que el caso de Barreto lo asumiera el Procurador 21 Judicial II Penal, en Bogotá, para evitar posibles interferencias políticas regionales.
En cambio, sobre la participación de contratistas de la Alcaldía de Ibagué, el caso se inició «en averiguación de responsables» y el proceso está a cargo de la Procuraduría Provincial, la misma que no se enteró del desfalco de la ciudad durante la administración del hoy detenido exalcalde Luis H. Rodríguez. (Ver: La procuradora que se dedicó a archivar investigaciones)
Para nadie es un secreto que la Procuraduría General de la Nación es Liberal (gavirista), cercana a los hermanos Mauricio y Guillermo Alfonso Jaramillo, y el 22 de junio el procurador Carrillo entregó la «franquicia» del Ministerio Público en el Tolima a esa organización política. (Ver: Le entregan la ‘franquicia’ de la Procuraduría del Tolima al senador Guillermo Santos)
