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El zar anticorrupción, Augusto Alfonso Ocampo, debutó el pasado lunes en una rueda de prensa convocada por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que anunció su primer logro en la Alcaldía de Ibagué, tras la creación de la Oficina de Transparencia. (Ver: Jaramillo presenta estrategia anticorrupción en la sede del Ibal)
Ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, Ocampo se atribuyó el descubrimiento de un presunto hecho de corrupción en el que estaría involucrado un abogado -contratista- de la Secretaría de Bienestar Social, quien presuntamente habría ‘direccionado’ un contrato de $557 millones para su padre.
“Luego de las pesquisas que hicimos de entrada en el ejercicio de nuestra labor, detectamos un posible direccionamiento. Una persona al interior de la administración municipal, abogado para más señas, quien elaboró y participó en la proyección de esa licitación tenía intereses contra puestos”, señaló Ocampo durante la rueda de prensa.
Además, el zar anticorrupción dijo que se trataba de «la licitación LP0198 de este año» y le pidió a Jaramillo que «le hiciera seguimiento» a dicho proceso.
Y ahí aparecieron las primeras inconsistencias en las afirmaciones de Ocampo. Según pudo confirmar EL OLFATO en el portal de contratación del Estado (Secop), la cuestionada licitación que denunció el zar anticorrupción no era de este año sino de noviembre del año 2017 (Ver: Aviso de convocatoria de la licitación) y no era necesario que el mandatario le hiciera «seguimiento» porque el proceso se había revocado el 30 de enero y, como consecuencia de ello, el contrato nunca se adjudicó. (Ver: Revocatoria licitación LP0198 de 2017)
¿Sacó pecho con la denuncia de la Secretaria de Bienestar Social?
Lo que también se desconocía era que esta irregularidad no la descubrió el recién contratado zar Augusto Ocampo. Este medio de comunicación pudo establecer -con fuentes de la Fiscalía- que la denuncia fue presentada por la secretaria de Bienestar Social de Ibagué, Jennifer Parra Moscoso, desde el pasado 26 de enero de 2018 a las 3:42 de la tarde, ante la Unidad de Gestión de Alertas Tempranas, ubicada en el Búnker de la zona industrial El Papayo.
Parra aportó 18 folios con todo el expediente del fallido proceso de contratación y en la denuncia la funcionaria describió detalladamente lo que ocurrió.
«Para la fecha de cierre, el 09 de enero de 2018, se presentó un único proponente, el cual presentó oferta sin sobre cerrado y sin foliar tal como consta en la respectiva acta, en la cual también la abogada del área de Contratación Lorena Sierra, dejó constancia en la que se indicó: Al revisar el registro mercantil aportado se evidencia que se presentó uno del almacén La 13 propietario: Luis Enrique Aranzalez Rojas, que no corresponde a la de la persona que suscribe la propuesta.
La suscrita pudo determinar que el señor Aranzalez Rojas es el padre del abogado contratista de la Secretaría de Bienestar Social, Luis Felipe Aranzalez Bravo, que intervino en la estructuración del proceso y avaló para efectos de publicación», contó a la Fiscalía.
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La sospechosa aparición del documento del padre del abogado Luis Felipe Aranzalez, quien trabajó para la Secretaría de Bienestar Social, encendió las alertas en la Alcaldía de Ibagué y prefirieron revocar el proceso de inmediato.
Hasta el momento, nadie ha podido establecer por qué en la oferta de la única proponente iba el registro mercantil del papá del abogado Aranzalez.
La explicación del zar
EL OLFATO se comunicó vía chat con el abogado Ocampo quien reconoció que la denuncia efectivamente fue interpuesta por Parra. Sin embargo, aseguró que el caso se puso en conocimiento de las autoridades luego de su intervención.
“Es verdad, esa denuncia la radicó la Secretaria porque luego de nuestra intervención le alertamos al alcalde. La decisión de denunciar se tomó luego de nuestra intervención igual pasó con la revocatoria directa en ese mismo caso”, manifestó Ocampo.
No obstante, resulta por lo menos curioso que Augusto Ocampo diga que le recomendó a la secretaria de Bienestar Social, Jennifer Parra, presentar la denuncia el 26 de enero de 2018-, cuando ese día el nuevo zar anticorrupción se encontraba legalizando -a última hora- su contrato, ante la entrada en vigencia de la ley de garantías.
EL OLFATO conoció que en la alcaldía de Ibagué comienzan a cuestionar al recién llegado zar anticorrupción porque estaría “sacando pecho” con las denuncias de otros funcionarios y, así, justificar sus honorarios.
