Publicidad
El Procurador Ambiental y Agrario del Tolima, Ernesto Cardoso, dijo que la pregunta de la consulta popular minera, propuesta por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, es pretenciosa y viola los derechos del ciudadano, pues induce necesariamente a la respuesta del ‘no’.
Según Cardoso, la pregunta de la consulta («¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas y afectación de la vocación agropecuaria del municipio?») atenta contra los mecanismos de participación ciudadana, puesto que los ibaguereños no podrían decidir libremente sobre si quieren o no que se desarrollen proyectos y actividades mineras en la ciudad (Ver: Procurador dice que no es defensor de AngloGold).
“Nos parece que la pregunta tiene una redacción que induce necesariamente a la respuesta del no. Cuando se consulta al ciudadano a través de un mecanismo de participación democrática, lo primero que debe hacer la autoridad que lo llama es que respetar el derecho que el ciudadano tiene a que su decisión sea libre; es decir, que la pregunta que se le someta a consideración al ciudadano tiene que ser redactada y presentada a él de manera tan precisa que no le sugiera la respuesta”, aseguró Cardoso.
Esta declaración del Procurador se dio luego de que el expresidente de la Corte Constitucional, Antonio Barrera Carbonell, dijera ante el Concejo que la soberanía popular está determinada por la Constitución y que no es posible que un asunto de interés nacional como la explotación minera se vuelva únicamente de interés local.
“Ninguna autoridad de carácter municipal, llámese alcalde o Concejo, tiene competencia legal para convocar consultas populares que restrinjan, total o parcialmente, áreas del territorio para la actividad minera, en el ejercicio de su competencia, que sí la tienen sin duda, para ordenar el territorio y el uso del suelo”, dijo Cardoso.
La minería es ‘desarrollo sostenible’
Asimismo, el Procurador dijo que se ha malinterpretado la sentencia emitida por la Corte Constitucional el pasado nueve de febrero, en la cual se frenaba el interés del Gobierno Nacional de quitarle autonomía a los municipios y a las Corporaciones Autónomas Regionales sobre el uso del suelo y el subsuelo, puesto que dicho fallo se refiere exclusivamente a áreas de especial protección como los páramos (Ver: Gobierno Nacional debe respetar autonomía territorial frente a asuntos mineros, dice la Corte Constitucional).
«Se está interpretando de manera sesgada porque esa decisión reciente de la Corte se refiere exclusivamente a áreas de especial protección, es decir, áreas como los páramos que ya tienen la protección en la Constitución y en la ley».
Publicidad
Por tal motivo, Cardoso defendió una posible explotación minera en La Colosa, según él, siempre y cuando se respeten las normas ambientales definidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, una entidad que responde directamente a los intereses del Gobierno Santos y en la cual los municipios no tienen ninguna incidencia.
“En relación a La Colosa, el área donde está localizado el proyecto no es un páramo. Tiene unas condiciones ecosistémicas y ambientales muy importantes, de alguna fragilidad ambiental, pero desde luego allí tiene que haber un plan de manejo para la protección de los recursos naturales por parte del beneficiario, si se da la circunstancia de que la ANLA otorgue la licencia”, aseguró el funcionario.
De la misma manera, Cardoso dijo que el tema ambiental se está tratando de una manera ‘dogmática’ en la ciudad y defendió el modelo de ‘desarrollo sostenible’ promovido por sectores internacionales desde hace varios años.
“Son voces que yo respeto, pero que tienen una concepción dogmática de lo que es el tema ambiental y que no quieren aceptar que la Constitución se acogió desde hace 25 años a la posibilidad de que exista desarrollo sostenible en el país”, señaló el funcionario.
