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La oficina jurídica de la Gobernación del Tolima envió al Tribunal Administrativo para control de legalidad el Decreto 0823 de la Alcaldía de Ibagué con el que se adoptó el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
Ahora, el Tribunal tiene 20 días hábiles para determinar si es legal o ilegal el acto administrativo de la administración municipal del que depende la planeación y crecimiento de la ciudad. El nuevo POT se expidió por decreto, ante la imposibilidad de darle trámite en el Concejo de Ibagué. El Gobierno temía que la iniciativa no fuera aprobada en la corporación y prefirió ir a la fija.
ELOLFATO.COM consultó a la directora del Departamento Jurídico de la Gobernación del Tolima, Olga Lucía Liévano, sobre cuál fue el fundamento que tuvieron para remitir el Decreto al Tribunal. Liévano manifestó que una de las razones fue la presentación del nuevo POT con más de seis meses de anticipación antes del vencimiento del Plan de Ordenamiento actual.
Además, de su aprobación por decreto, que aparentemente es contradictoria con la ley, resulta también llamativo el fallido trámite ante el Concejo Municipal, lugar donde naturalmente debio ser discutido.“En síntesis, fue por el procedimiento que se realizó por parte del Alcalde”, expresó Liévano.
Polémica por los tiempos
La semana pasado surgió una polémica en los medios de comunicación entre el abogado Wilson Leal y el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado, por el plazo que tenía el mandatario para enviar el Decreto al Tribunal Administrativo.
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Leal, experto en derecho administrativo, sostiene que la Gobernación del Tolima dejó vencer los términos para acudir al control de legalidad. Según sus cuentas, los 20 días que tenía Delgado corrían a partir del 30 de diciembre y no desde el 13 de enero cuando terminó la vacancia judicial.
El equipo jurídico del gobernador sostiene el plazo de 20 días comenzaba cuando regresó la Rama Judicial de vacaciones, el 13 de enero.
Una fuente del Tribunal Administrativo del Tolima le dijo a este medio de comunicación que la tesis del abogado Leal era la correcta y la Gobernación ya no tenía posibilidad de pedir el control de legalidad.
