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El rector José Herman Muñoz hará esta semana una suerte de periplo dentro de la misma institución para explicar las razones de su crisis financiera.
En medio de las protestas y los mítines que han hecho en los últimos días estudiantes y profesores de la Universidad del Tolima, el rector José Herman Muñoz, dará su versión sobre la falta de dinero.
En un comunicado publicado este fin de semana anunció reuniones con las diferentes unidades académicas desde el lunes 23 de noviembre hasta el miércoles 25. Y para el jueves siguiente convocó a una asamblea general a las 9:00 de la mañana.
A esas reuniones están invitados directivos, docentes, estudiantes, funcionarios y egresados de las facultades y del Instituto de Educación a Distancia. Los que quieran ir a escuchar al rector, pueden documentarse previamente con información sobre las finanzas de la universidad que aparece publicada en su portal. (Ver informe de la UT)
En los documentos que hay disponibles en la página web se explica el origen de la plata que llega a la universidad. Una parte proviene de rentas propias, es decir, del pago que se hace por matrícula de los estudiantes de los programas de pregrado y posgrado. Otra parte viene de las transferencias de dinero de los gobiernos nacional y departamental. Una porción de los ingresos es de los recaudos por estampillas y del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) y fuera de eso, la universidad también tiene recursos de capital.
La plata que entra se va en gastos de funcionamiento, deuda e inversión
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Lo que explica el rector Muñoz en sus documentos es que la falta de dinero en la Universidad del Tolima obedece a tres situaciones distintas. Una tiene que ver con el dinero que gira el gobierno nacional, otra con el que debe aportar la Gobernación y una más que tiene relación con la estructura interna de la universidad.
Sobre el dinero que provee el Gobierno Nacional, los documentos explican que desde el 2010 los rectores que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE) demostraron que las universidades públicas no son viables financieramente.
Ese mismo año, los rectores del SUE solicitaron que las transferencias que se giran por parte del gobierno nacional se aumenten cada año en cuatro puntos por encima del IPC, para que las universidades tuvieran suficiente dinero para cumplir con las exigencias de calidad.
En el año 2011 también se demostró la inviabilidad financiera de las universidades públicas. Esta vez lo hizo el movimiento social estudiantil y de profesores.
En la reforma que se iba a hacer a la Ley 30 del 92 se incluyó esa petición de los rectores, pero como se cayó, no se lograron soluciones al respecto.
Fuera de eso, la Universidad del Tolima tiene diferencias con la Gobernación sobre los cálculos del dinero que debe transferirle. En uno de los documentos se lee:
“(…) la base para el cálculo de los aportes de la Gobernación a la Universidad es totalmente distinta. La primera toma como base de liquidación $496.886.860,oo millones de pesos, mientras para la universidad la base es de $930.693.042,oo millones de pesos, lo cual da una diferencia de $433.806.182 millones que se han ido incrementando desde el año 1993. Por lo tanto, se genera un segundo desbalance en las transferencias que se reciben. El primero, el de la Nación; el segundo, el del departamento”.
Un juzgado administrativo de Ibagué estableció el pasado 31 de agosto que la Gobernación le adeuda casi $6.000 millones a la Universidad por transferencias que quedaron pendientes entre 2010 y 2011.
Y finalmente, viene una razón interna que tiene a la universidad en apuros económicos. Se debe a la exigencia de cobertura con calidad sumada a la apertura de nuevos programas académicos, que ha implicado la vinculación de profesores de planta con formación doctoral, el fortalecimiento de Grupos de Investigación reconocidos por Colciencias y el incremento de estrategias de internacionalización. Estos son apenas algunos de los indicadores que debe cumplir la universidad por exigencia del Ministerio de Educación.
En cumplimiento de ese requerimiento para mejorar la calidad, la universidad envió 28 comisiones de estudio para maestría y doctorado en el exterior en los últimos tres años.
Además la universidad mantiene su plan de ayuda a los estudiantes, en su gran mayoría de escasos recursos, para su movilidad internacional (430 lo hicieron en los últimos dos años), con las becas (4.677 beneficiados en 2014-2015) y con la exoneración por derechos de grado (987 beneficiados).
Lo que sigue para la Universidad es amarrarse el bolsillo para reducir gastos y buscar formas de incrementar ingresos.
La austeridad llegará en 2016 con medidas para ahorrar en gastos de funcionamiento: recortar dineros de viáticos, reducir las horas cátedra para posgrados, congelar vacantes, reducir compra de tiquetes aéreos y reglamentar la exoneración de derechos de grado.
Igualmente, habrá medidas para que entre más dinero, como aumentar la cantidad de estudiantes a distancia.
Ese es, en resumen, el panorama y las propuestas que presentará el rector a quienes asistan a sus reuniones esta semana y estén preocupados por el futuro de la universidad.
Foto: Cortesía www.bitacora.media
