Publicidad
Desde el pasado 11 de julio, Ibagué es tal vez la única capital del país que no tiene ninguna regulación en materia de tránsito y movilidad. Cualquier conductor puede pasarse un semáforo en rojo, conducir en estado de embriaguez o hacer cruces prohibidos sin que les impongan un comparendo.
Todo esto ocurre por un descuido administrativo, que no solo genera riesgos para la seguridad vial de la ciudad sino que golpea fuertemente las finanzas de la Alcaldía de Ibagué.
Resulta que la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo no ha renovado el convenio que suscribe periódicamente con la Dirección General de la Policía Nacional para legalizar la operación de la Policía de Tránsito en el perímetro urbano del municipio.
Debido a esto, los pocos agentes de Tránsito que están en las calles de la ciudad solo verifican la identidad de los conductores y la legalidad de los documentos que portan.
«Ellos no pueden realizar ningún comparendo, porque sencillamente no tiene ningún sustento legal porque no hay convenio«, dijo una fuente de la Secretaría de Transito de Ibagué.
La única tarea que pueden cumplir los uniformados es la atención de accidentes de tránsito, informó la Policía Metropolitana de Ibagué.
La Dirección General de la Policía Nacional, en respuesta a un derecho de petición enviado por ELOLFATO.COM, dijo que el nuevo convenio con la Alcaldía de Ibagué está apenas en trámite y no hay una fecha aproximada en la que se pueda resolver este asunto.
Publicidad
«Actualmente no se ha remitido la minuta del convenio a la secretaria General de la Policía Nacional para su revisión y firma por parte del señor Director de la Policía Nacional como representante legal, quien tiene la facultad exclusiva de acuerdo a su alcance y trascendencia, ya que se encuentra en la etapa precontractual de acuerdo a lo estipulado en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, siguiendo los parámetros establecidos y de acuerdo al lleno de requisitos que cada entidad pública debe cumplir en lo referente a las obligaciones que se pactaran en dicho convenio», respondió la entidad.
Esta redacción buscó al secretario de Tránsito de Ibagué, Hernán Silva, para conocer las razones por las cuales Ibagué no agilizó la celebración del convenio con la Policía Nacional, pero no fue posible encontrar una respuesta.
Detrimento patrimonial
La Secretaría de Tránsito de Ibagué es una de las dependencias que más recursos genera anualmente, precisamente por la imposición de comparendos. En el año 2015, sus ingresos los $2.600 millones mientras que en 2016 el recaudo alcanzó los $2.500 millones.
Pero a raíz de la terminación del convenio con la Policía Nacional los ingresos en el mes de julio (solo 11 días) llegaron apenas a los $89 millones, y en agosto no se ha reportado ningún pago.
Este descuido ha pasado casi inadvertido por la administración local y tampoco fue mencionado por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en su reciente informe de rendición de cuentas.
